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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Confusión pertinaz

No pasa un día sin que el presidente de Bolivia, Evo Morales, despliegue sus prisas por confirmar la nacionalización de los recursos energéticos y la presunta firmeza con la que parece dispuesto a cumplir sus designios. Ya anunció, en el rimbombante Decreto Supremo, la nacionalización del petróleo y del gas boliviano -a la que, por supuesto, tiene derecho- con unas maneras deplorables, que incluían la presencia del Ejército en los campos petroleros para garantizar que se cumplían sus órdenes. Ahora, muy poco tiempo después de que declarara que España es un aliado estratégico, ha cargado sin ton ni son contra el BBVA y el grupo suizo Zurich reclamando la entrega de las acciones petroleras que tenían depositadas ambas instituciones para organizar el sistema de pensiones boliviano. En el tono amenazador que le caracteriza últimamente, ha conminado a BBVA y Zurich a que devuelvan las acciones petroleras en el plazo de 72 horas so pena de intervenciones y otros males mayores.

Pero la retórica amenazadora es, en este caso, un puro disparate. Las acciones petroleras que Morales y su vicepresidente García Linera reclaman son el contravalor a cambio de retribuir algunos fondos de pensiones del país. Ni el BBVA ni Zurich pretendían la propiedad de las mismas, así que el gesto de reclamación es probablemente innecesario y un poco ridículo. No sería necesario que los bancos devolvieran físicamente las acciones en cuestión, puesto que siguen siendo de los pensionistas bolivianos y del Estado, con independencia del lugar donde estén depositadas. Si lo que pretende Morales es registrar un gesto para consumo de sus votantes y retribuir de ahora en adelante las pensiones y la rentabilidad correspondiente, sea en buena hora, siempre y cuando exonere por escrito a los bancos español y suizo de la responsabilidad de pago futuro de las pensiones.

Debe insistirse en que Morales y su Gobierno tienen derecho a tomar las decisiones económicas que consideren oportunas. La nacionalización es una de ellas, siempre y cuando respeten los contratos y hagan honor a las indemnizaciones que en su caso decidan los tribunales internacionales si al final las empresas instaladas en Bolivia entienden que no es rentable continuar con sus operaciones. Pero el presidente boliviano debería cuidar sus modales, sobre todo para con sus aliados estratégicos. Con esa retórica amenazadora que gasta alegremente quizá no esté confundiendo a sus supuestos enemigos, pero está consiguiendo despistar a sus supuestos amigos.

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