¿Afganistán? No, gracias

El anuncio de que el ministerio de Defensa desea incrementar el número de soldados españoles presentes en Afganistán se ha visto acompañado de la habitual letanía de opiniones entregadas a la doble tarea de subrayar la condición humanitaria y el carácter legal de la presencia de esos militares. Sobran los motivos, sin embargo, para recelar de la argumentación que se nos ofrece al respecto.

Digamos, por lo pronto, que el despliegue de los soldados en cuestión se realizó conforme a una acción de dudosísima legalidad, en cuya base estaba la confusa relación existente entre las dos operaciones, Libertad Duradera e ISAF, que han cobrado cuerpo en Afganistán. La primera, encabezada por EE UU con el declarado propósito de hacer frente a amenazas de carácter terrorista, se inició en el otoño de 2001 sin que se diese satisfacción de los criterios que permiten avalar una acción en legítima defensa. No sólo eso: ha permanecido en vigor durante casi un lustro, hasta hoy, al margen del más elemental control ejercido por el Consejo de Seguridad, circunstancia que hace singularmente lamentable que la España de Aznar participase oficialmente en la operación. Por lo que se refiere a la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán, comúnmente conocida como ISAF, vio la luz en 2003, dirigida por la OTAN y amparada -ahora sí- por Naciones Unidas, con el designio de propiciar el asentamiento de un entorno seguro, garantizar el control del aeropuerto de Kabul y fortalecer a la policía y al Ejército afganos. Conviene subrayar que entre los objetivos de la ISAF -de la que es miembro España- no se contaban, llamativamente, ni la captura de terroristas ni el despliegue de acción humanitaria alguna.

Para hacer las cosas aún más complejas, EE UU procedió a ampliar en su momento las funciones de la Operación Libertad Duradera y le confirió a ésta una dimensión de asistencia humanitaria al amparo de la gestación de los llamados Equipos de Reconstrucción Provinciales (ERP). Éstos, una decena, se proponen garantizar al Gobierno afgano una presencia lejos de Kabul, acrecentar el control en diversos escenarios y -como anunciábamos- acometer tareas de cariz humanitario. El resultado de esta aparentemente inocua novedad no ha sido otro que una inquietante confusión legal de la que se han aprestado a sacar partido tanto EE UU como los países que participan en la ISAF, y entre ellos España, que como es sabido corre a cargo de uno de los ERP. Por lo que a Estados Unidos se refiere, ha conseguido, mal que bien, que la ilegalidad de la Operación Libertad Duradera se tape un tanto merced a la legalidad que ampara a la ISAF. Por lo que atañe a los integrantes de esta última, le han otorgado una pátina humanitaria a un sinfín de acciones que en modo alguno se ajustan a tal condición. Todo invita a concluir, por lo demás, que la OTAN aspira a fundir las dos grandes operaciones que nos ocupan, de tal suerte que ambas queden bajo un único mando, horizonte al que, al parecer, no hacía ascos el ex ministro de Defensa español José Bono (quien, por cierto, y en una finta políticamente dudosa y legalmente insostenible, adujo en su momento que los soldados que dirigía estaban en Afganistán "para luchar contra el terrorismo").

Dejémoslo claro: los ERP han nacido en el marco general de la Operación Libertad Duradera y obedecen a propósitos -entre ellos, la asistencia humanitaria- no incluidos en el mandato de la ISAF. Ello coloca al Gobierno español en situación delicada. A través del ERP que el Ejército dirige se está legitimando, por un lado, la ilegal Operación Libertad Duradera y se está violentando, por el otro, la condición de la ISAF. Esta última cuestión -más allá de una trama legal que, por compleja, admitiremos es discutible- nada tiene de baladí, no en vano remite a un nuevo episodio de la inquietante usurpación de la acción humanitaria por los ejércitos. No se olvide que en 2004 las Fuerzas Armadas españolas corrieron a cargo de casi la mitad de los fondos destinados a acción humanitaria y que hay motivos sólidos para concluir que los criterios aplicados más le deben a intereses políticos, militares y mediáticos que a una consideración cabal de las necesidades de la población objeto de atención. Parece demostrado que los contingentes militares no son en modo alguno las instancias adecuadas para acometer, de forma imparcial y razonablemente barata, las tareas vinculadas con la ayuda humanitaria. Como lo ha señalado Alejandro Pozo, "el mejor mecanismo de protección para los humanitarios es su integración con la población local y la aceptación de su presencia y cometidos; su respeto por los principios de neutralidad, imparcialidad e independencia, y su total desvinculación de los actores armados, en especial cuando se trata de situaciones de ocupación militar".

Hay que agregar, con todo, una observación más: no es sencillo explicar por qué se retiran -venturosamente- los soldados presentes en Irak y se asume de buen grado, en cambio, la consolidación de contingentes militares españoles en Afganistán. Y es que uno y otro conflictos son más similares de lo que pudiera parecer. El elemento unificador no es otro, claro, que la política de EE UU, que en ambos casos responde a una misma y mezquina trama geoestratégica y geoeconómica, que en ambos lugares permitió que en el pasado se prestase un franco apoyo a quienes luego se contribuyó a derrocar, que en ambos países se ha traducido en el uso de la fuerza, sin miramientos, contra la población civil, que en ambos escenarios procura poner en aprietos al vecino iraní y que en Afganistán como en Irak ha violentado, de diversas maneras, la legalidad internacional.

Es difícil creer que a nuestros gobernantes se les escapan tantas semejanzas, como es difícil explicar lo que tenemos entre manos si no invocamos su designio de congraciarse con EE UU tras la retirada de Irak, acompañado del firme propósito de lavar la cara, con jabón humanitario, a las Fuerzas Armadas. Sobran las razones, en cualquier caso, para reclamar, no ya la renuncia al objetivo de acrecentar el número de soldados presentes en Afganistán, sino, antes bien, la pronta retirada de todos esos soldados.

Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid.