Los inspectores aseguran que hay otros dos casos como el de Marbella

La corrupción en el Ayuntamiento de Marbella no es un caso aislado. "Hay, al menos, un par de expedientes como el de Marbella pendientes de que se les asigne personal para investigar", asegura con rotundidad el presidente de los inspectores de Hacienda, José María Peláez. Esos dos casos se ubican fuera de la Costa del Sol, según Peláez, que esgrime la falta de personal y de atribuciones como razones por las que no se avanza más contra la corrupción.

"Hay casos similares al de Marbella o a la Operación Ballena Blanca [blanqueo de capitales en la Costa del Sol] pendientes de dedicar gente a ello. Mientras haya tinglados de éstos, estar comprobando declaraciones [de impuestos] es una barbaridad". José María Peláez cree que los inspectores de Hacienda podrían hacer más en la lucha contra el fraude organizado, pues disponen de información que les permitiría ir más lejos. En la actualidad, asegura, se están produciendo al menos otros dos casos de corruptelas consistentes en entramados societarios que hacen fortuna con la ayuda de despachos de abogados.

Peláez elude dar más detalles (salvo que ninguno de ellos se ubica en la Costa del Sol) con el argumento de que aún no están atados, sino pendientes de que haya inspectores libres para investigar. El presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado, que representa a la gran mayoría del sector, confía en que una vez se vaya esclareciendo el caso marbellí queden inspectores disponibles para asignarlos a esas otras operaciones.

Este colectivo defiende su labor en las indagaciones sobre Marbella y niega que no se enteraran de lo que sucedía. En el año 2003 investigaron, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, parte de la trama marbellí, aunque finalmente sin resultado. "Llegamos hasta donde podíamos con las facultades que tenemos. Y lo que se ha hecho ahora está muy influido por lo que descubrimos entonces".

Los inspectores, asegura, no tienen autonomía para continuar una investigación encargada por la Fiscalía si ésta la da por concluida. "Alguien tenía que haber seguido tirando del hilo y no lo hizo", se defiende. La inspección, subraya, descubrió elementos suficientes como para saber que en Marbella se producían irregularidades.

Peláez atribuye en gran parte la falta de resultados a las limitaciones de su actividad. Cuando un inspector investiga las cuentas bancarias de una empresa se lo tiene que comunicar al banco, y éste a la empresa. "Pedimos que se reforme la ley para obligar a los bancos a que no comuniquen la investigación a los afectados", explica. "Con la norma actual se vicia el procedimiento".

Más allá de las cuentas, los inspectores piden un procedimiento específico para investigar tramas de fraude. Sólo disponen de un año para hacerlo, periodo que resulta insuficiente, pues las ramificaciones de las sociedades creadas por los defraudadores requieren tiempo para ser descubiertas. Además, si en seis meses no han realizado ninguna actuación sobre una de las empresas de la trama prescribe la elusión fiscal. "La ley es muy garantista para las comprobaciones tradicionales, pero en entramados de este tipo se vuelve en contra", explica. Y es que el mismo procedimiento que se utiliza para comprobar las declaraciones de la renta se aplica también a las tramas de fraude.

Otra herramienta que facilitaría su labor sería la existencia de una policía fiscal, específica para perseguir delitos de esa naturaleza. Éste ha sido un proyecto invocado muchas veces por las autoridades y desestimado finalmente.

Reformar la figura del delito fiscal (fraude superior a los 120.000 euros en el que se aprecie dolo) también mejoraría la lucha contra el fraude, en opinión de los inspectores. Actualmente no hay nadie en prisión por este delito, pues normalmente se imponen penas bajas y se saldan con una fianza. "Habría que darle la importancia social que tienen otros delitos", reclama Peláez.

Los inspectores se quejan, además, de falta de personal. Son 1.540 en toda España y de ellos unos 800 se dedican realmente a inspeccionar. La unidad de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude que opera en Málaga funciona, como el resto, con un inspector y dos o tres subinspectores. "¿Qué se puede hacer con eso?", se pregunta.