El Gobierno de Ecuador advierte que no tolerará más protestas indígenas

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) ha desafiado al Gobierno con reanudar las protestas y los bloqueos de carreteras si no suspende la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE UU. Los indígenas quieren eliminar la posibilidad de cualquier pacto, aprovechando el malestar en Washington por una nueva ley de hidrocarburos que incrementa las aportaciones de las petroleras a las arcas del Estado ecuatoriano.

El Ejecutivo ecuatoriano insiste en que el estado de excepción decretado hace más de una semana sigue en vigor, y que impedirá cualquier reunión o manifestación como las que los campesinos tenían previsto celebrar ayer en Riobamba. Manuel Castro, portavoz de la Conaie, reitera que la negociación del acuerdo de libre comercio debe suspenderse y que los indígenas están dispuestos a todo para que así sea.

"El capítulo agrícola es nefasto para nuestra subsistencia y nuestra cultura", dice. "Lo que ha negociado este Gobierno no sólo nos matará de hambre, sino que además nos quitará nuestro orgullo. ¿Sabe cuál es una de las bajezas mayores del pacto? Que nos arrebatan la propiedad intelectual sobre nuestras medicinas ancestrales. Las compañías farmacéuticas podrán apoderase de ellos sin pagar nada".

La Conaie pretendía celebrar ayer una cumbre indígena en la ciudad de Riobamba, en la zona andina central del país, para pactar entre todas las comunidades la estrategia para forzar la ruptura del acuerdo. "Vamos a evaluar lo que hemos conseguido con las movilizaciones hasta el momento, vamos a analizar nuevamente la posición del Gobierno frente al tratado de libre comercio y vamos a organizarnos para intensificar la protesta en Quito a partir del lunes", explica Castro.

El ministro del Interior, Felipe Vega, ha advertido de que el estado de excepción sigue vigente y que las reuniones y manifestaciones no se permitirán. Pero la Conaie no afloja. Castro y los suyos creen que es un buen momento para socavar una negociación que durante la última semana ha pasado por horas muy bajas.

El jueves, el jefe de la delegación comercial ecuatoriana en Washington, Manuel Chiriboga, tuvo que salir al paso de unos rumores que indicaban que las negociaciones estaban a un paso de romperse. Dijo que se avanzaba, pero reconoció que en el capítulo agrícola, uno de los más delicados, las conversaciones estaban bloqueadas.

Nueva realidad petrolera

El aparente malestar lo produjo la aprobación por parte del Congreso ecuatoriano, el pasado miércoles, de una nueva Ley de Hidrocarburos que incrementa las futuras aportaciones de las petroleras a las arcas públicas. La medida obliga a renegociar los contratos y afecta especialmente a la estadounidense Occidental Petroleum y la hispano-argentina Repsol-YPF, que son las dos con mayor presencia del total de las 15 extranjeras que operan en Ecuador. El presidente de la Asociación de la Industria de Hidrocarburos, René Ortiz, puso el grito en el cielo y avisó de que la nueva norma pondría en peligro la inversión privada en el sector, gracias a la cual, según sus datos, la extracción de crudo pasó de 60.000 barriles diarios en 1993 a los actuales 350.000.

Legisladores de la izquierda recordaron que la normativa sólo se adaptaba a la nueva realidad del negocio, y que cuando se firmaron muchos de los contratos, hace años, el barril de crudo se cotizaba en unos 15 dólares y las petroleras se llevaban un margen de alrededor del 20%. Hoy, el barril vale 60 dólares y los márgenes oscilan entre el 120% y 200%, según los expertos, que añaden que por no haber reformado la ley antes, el Estado dejó de ingresar unos 730 millones de dólares entre 2003 y 2005, años de subidas de los precios de la energía. Los ingresos por las ventas petroleras aportan el 35% del presupuesto del Estado ecuatoriano.