Un grupo ecologista denuncia por tres delitos a dos constructores

El grupo ecologista Txipio Bai presentó ayer una denuncia por delito ecológico, tráfico de influencias y prevaricación a causa de un relleno de 70.000 metros cúbicos de escombros y tierras posiblemente contaminadas en unos terrenos del municipio vizcaíno de Barrika. La demanda señala, como imputados, a un constructor que fue presidente del PNV en Barrika, otra empresa constructora y el alcalde de la localidad, José María Ezpeleta, también de ese partido.

La denuncia se sustancia en que una petición de licencia para plantar viñedos se convirtió luego en otra para verter escombros en una zona que sólo permite usos agropecuarios; que el Ayuntamiento hizo caso omiso de un requerimiento del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno que prohibía rellenos, al existir especies catalogadas de "interés especial" y un área de interés geológica, y que no se han pagado tasas municipales por la única licencia concedida.

Txipio Bai, un grupo ecologista que ya conseguido que los tribunales declaren nula una promoción urbanística de 60 millones de euros en Plentzia y tiene otro proyecto de 97 chalets pendiente de ser anulado por el Tribunal Supremo, presentó ayer en los juzgados de Getxo una amplia documentación sobre este caso. Los hechos se remontan a 2002 cuando el constructor Jon L., quien entonces era el presidente de la Junta Municipal del PNV en Barrika, solicitó una licencia para acondicionar un terreno destinado a la plantación de viñedos. El suelo se ubica cerca de los acantilados que rodean la playa de Barrika.

Pero esta plantación no ha llegado a realizarse. Dos años después, en junio de 2004, Jon L. y la constructora Excavaciones de Baranda solicitaron modificar aquel proyecto para verter en dichos terrenos 70.000 metros cúbicos de tierras, lo que incluía el traspaso de la licencia a Excavaciones Baranda. El permiso fue aceptado por el Ayuntamiento de Barrika, gobernado con mayoría absoluta por el PNV.

Además, el constructor, al solicitar el permiso para los viñedos, había desglosado el proyecto de acondicionamiento del terreno en dos superficies de más de 4.000 metros cuadrados, en vez de solicitar la licencia para los 8.800 totales.

Decreto del Gobierno

La demanda señala que un decreto del Gobierno sobre la gestión de residuos inertes establece que, si el relleno es inferior a 5.000 metros cúbicos, se requiere sólo el permiso municipal con un informe de Medio Ambiente. Si se supera esta cantidad, la autorización sólo corresponde al Gobierno. Los ecologistas agregan que el Ayuntamiento de Barrika actuó sin ser el órgano competente y que no solicitó ningún informe a Medio Ambiente.

La denuncia incluye documentos municipales en los que se precisa que el relleno se hizo con escombros procedentes de derribos o demoliciones "y tierras procedentes de diversas obras de Barrika donde el solicitante de la licencia [Jon L.] ejerce de contratista". Un informe del arquitecto técnico municipal dice que ha habido rellenos "con tierras susceptibles de estar contaminadas".

Txipio Bai señala que "a día de hoy [Jon L.] continúa realizando rellenos en la zona" y acusa al Ayuntamiento de Barrika de permitir este hecho "pese a ser conocedor de los informes de Medio Ambiente del Gobierno vasco". Estos estudios, elaborados a principios de 2005, requerían la aportación de documentación técnica sobre las especies de interés en el solar y la delimitación del área de interés geológico. Agregan que, si los rellenos han afectado a esas zonas, "deberá presentarse un plan para la retirada de dichos materiales".