El Tribunal de Cuentas cree "imposible" auditar todas las peticiones del Parlamento

La presidenta del Tribunal Vasco de Cuentas, Asunción Macho, aseguró ayer en el Parlamento que al órgano fiscalizador le resulta "imposible" auditar todas las peticiones que le realiza la Cámara, que para este año había pedido 50 informes. Macho atribuyó a limitaciones técnicas la inviabilidad de acometer tal nivel de peticiones y rechazó que se excluyan informes por razones políticas o ideológicas. "Nunca se dice que no en función del partido proponente o del asunto a fiscalizar", recalcó. Sus explicaciones no convencieron al PSE ni al PP, que sí ven motivaciones políticas en esas negativas.

Macho compareció ayer ante la Comisión de Economía del Parlamento para explicar, a petición de populares y socialistas, las razones por las que se han excluido del plan de trabajo del tribunal para este año la mayoría de las peticiones realizadas por los grupos parlamentarios. El órgano fiscalizador está comisionado por la Cámara y, por tanto, ejerce sus funciones por delegación de ésta. Sin embargo, de las 50 peticiones que realizaron los grupos en noviembre únicamente 12 han sido incorporadas al plan de trabajo para el presente ejercicio.

Entre los informes excluidos figura la fiscalización de los gastos del plan Ibarretxe, solicitada por el PSE. Ni populares ni socialistas inquirieron ayer de forma abierta a Macho por esta decisión, pese a que era uno de los motivos de su comparecencia.

En su justificación, la presidenta explicó que durante este año se van a realizar 46 informes, de los que 33 son nuevos y los 13 restantes corresponden a la conclusión de trabajos en curso de ejercicios anteriores. "Se trata de un número ambicioso con relación a los medios de los que disponemos", remachó. La media de informes realizados por el Tribunal otros años asciende a 26.

"Las limitaciones", precisó, "son de índole estrictamente técnica. Se trata de aprobar un plan de trabajo que sea realizable en el periodo indicado. A veces se elaboran planes ambiciosos y algunas auditorías se van quedando colgadas, hasta pasar de un año a otro". Según Macho, antes de cerrar el calendario de trabajo, los siete consejeros que integran el tribunal, propuestos por los partidos, pusieron sobre la mesa los planes de trabajo correspondientes a sus áreas. "Se han debatido todos los planteamientos, se han consensuado y al final se han votado", dijo. El plan para este año (ver gráfico) obtuvo seis votos a favor y una abstención, la de un consejero del PSE.

En ese momento de su intervención, Macho animó a los parlamentarios a ser más selectivos con sus prioridades. "Deben analizarlas más. Al tribunal le resulta imposible hacer las 50 auditorías que nos han pedido para este año. ¿Cuáles son las más importantes? Ése es un trabajo que ustedes [por los parlamentarios] deben hacer". destacó.

Escalada de peticiones

De las cinco peticiones de fiscalización que realizó el Parlamento en el año 1995 se ha pasado a las 50 de este ejercicio. "Es imposible acometer este trabajo. Llega un listado de la comisión y ni siquiera se especifica quién pide el qué", protestó la presidenta.

Las explicaciones de Macho no calaron entre los partidos de la oposición. La parlamentaria socialista Joana Madrigal se mostró muy crítica con los argumentos de la presidenta y le recordó que "todo lo que sale de aquí [en referencia a las peticiones de la comisión de Economía] es obligatorio fiscalizar para el Tribunal de Cuentas". "No puede elegir qué informe de los propuestos hace y cuál no. Y en caso de que no pueda hacer alguno, debe venir al Parlamento y explicar a los partidos por qué no puede hacerlo. Lo que no es de recibo es encontrarnos, sin explicación de ningún tipo, con que la mayoría de las propuestas se caen", enfatizó Madrigal.

Ante la falta de medios esgrimida por Macho, Anton Damborenea, del PP, le replicó que el órgano fiscalizador puede subcontratar algunas auditorías bajo la supervisión de sus consejeros. "Nunca han planteado en el Parlamento que necesitan más medios", señaló molesto.

Damborenea incluso planteó una reforma de la ley de creación de la entidad, de 1988, para mejorar su funcionamiento ya que no se puede mantener que "los partidos digan unas prioridades y el tribunal audite otras" cuando es un órgano que ha nacido para asesorar al Parlamento. En esta línea, apuntó la posibilidad de que los grupos acudan directamente al pleno para presentar iniciativas y obligar al tribunal a que las cumpla, tal y como ha hecho el PSE sobre la fiscalización del plan Ibarretxe.

Nekane Alzelai, de EA, también coincidió con populares y socialistas en que el tribunal no se puede escudar en limitaciones técnicas para no hacer los informes y animó a reflexionar sobre la manera de mejorar las relaciones con el Tribunal. Ricardo Gatzagaetxebarria, de PNV, abogó por "localizar" de una manera más concreta las prioridades del Parlamento sobre las fiscalizaciones a realizar.