Nuevos modelos para evaluar la eficiencia del gasto público

La presidenta del Tribunal de Cuentas aprovechó ayer su paso por la Comisión de Economía del Parlamento para presentar el nuevo modelo que está preparando el órgano fiscalizador para evaluar en el futuro la eficacia y eficiencia del gasto público. Con ello se quiere saber con exactitud si el dinero que las administraciones presupuestan para un cometido se gasta con eficacia. Hasta ahora, los informes del tribunal se limitan a constatar si las administraciones han cumplido con la legalidad al gastar el dinero público, pero no miden la eficiencia con que se ha realizado.

En la ley de creación de la entidad ya figura esta exigencia: "La fiscalización se extenderá al examen de la eficacia y la eficiencia de la actividad económico-financiera de los entes integrantes del sector público vasco". Sin embargo, desde que se puso en marcha, en 1988, nunca ha podido aplicar este principio debido a la falta de información de las administraciones a la hora de elaborar sus presupuestos. Según la presidenta del tribunal, existe una "indefinición de objetivos" en los datos aportados por las instituciones a fiscalizar.

Asunción Macho recalcó la importancia de que las administraciones se impliquen en esta novedosa labor de evaluación mediante la elaboración de una metodología que resulte común a todas. "Se trata de que haya más transparencia y se pueda desarrollar una mejor gestión", destacó.

Más competitividad

Asumir la propuesta del nuevo modelo supone, en opinión de la presidenta, abrir un camino en la "competitividad" de las administraciones, así como en la profundización de nuevos roles por parte del Tribunal de Cuentas. De momento, el órgano auditor no cuenta con técnicos especializados en este nuevo sistema.

La parlamentaria socialista Joana Madrigal criticó a la presidenta del tribunal por la apelación que ésta hizo a que la evaluación ha de ser también una labor de las instituciones. "Está renunciando de antemano a que el Tribunal sea el evaluador de las políticas públicas, para adjudicarse el papel de fedatario de esas políticas", le señaló.

[El PP ha presentado una proposición de ley para cambiar el decreto sobre régimen presupuestario, de manera que las liquidaciones se envíen al Tribunal de Cuentas y se adelanten al 15 de marzo del año siguiente al cierre del ejercicio. El Gobierno no está de acuerdo con la misma porque entiende que la no remisión del proyecto de ley de liquidación de los presupuestos no supone incumplir las obligaciones para con el Tribunal y tampoco que éste no haya podido ejercer su labor de fiscalización].