Por cinco euros a la semana

La Guardia Civil, actuando en colaboración con las autoridades portuguesas, detuvo el viernes a nueve ciudadanos portugueses y uno español, todos residentes en distintos lugares de la Ribera navarra, acusados de explotar y mantener en régimen de "semiesclavitud" al menos a 43 trabajadores portugueses. Según declaró el delegado del Gobierno en la Comunidad foral, Vicente Ripa, la red de engajadores (contratistas, intermediarios) había captado a los trabajadores entre mendigos y personas sin techo ni instrucción en diferentes albergues y estaciones de Lisboa y Oporto, y los había trasladado a los concejos de Arguedas, Valtierra y Tudela. Allí, los sin techo realizaban tareas agrícolas a destajo, seis días a la semana, en jornadas de entre ocho y 18 horas, a cambio de cama, comida y entre tres y diez euros semanales. Dentro de los descuentos que les hacían por gastos ocasionados, tenían que pagar incluso la gasolina de las furgonetas que les trasladaban al lugar de trabajo.

Los detenidos alegan que retenían las nóminas para que no se gastaran el dinero en alcohol

Los detenidos han afirmado que retenían los sueldos a sus operarios para que no se lo gastaran en alcohol y pudieran trabajar "en buenas condiciones".

Varios sindicatos lusos venían denunciando desde hace algunos meses situaciones de explotación ilegal de trabajadores en España. En noviembre pasado, a raíz de la muerte de seis obreros (cinco de ellos portugueses, todos subcontratados legalmente) en la construcción de un puente de la autovía del Mediterráneo cerca de Almuñécar (Granada), este diario informó de que diversas mafias de engajadores lusos trasladaban cada día a cientos de personas al otro lado de la frontera para trabajar, muchas veces en peores condiciones que los españoles, en la agricultura y la construcción.

A pesar de que las autoridades laborales españolas alegaban no haber recibido ninguna denuncia concreta, en la Cumbre de Évora, celebrada pocos días después, los ministros de Trabajo e Interior de ambos países decidieron intensificar las inspecciones laborales y la coordinación policial transfronteriza para perseguir ese tipo de delitos.

El caso detectado ahora gracias a la denuncia de uno de los trabajadores ha permitido saber que las cosas son aún peores de lo que se pensaba. La llamada Operación Fado ha descubierto que la mayoría de los trabajadores vivían y dormían en estado de semi-indigencia y no tenían contrato ni eran dados de alta en la Seguridad Social.

Según la Guardia Civil, algunos estaban subcontratados por empresas dedicadas a labores agrarias, pero tampoco recibían sus nóminas, ya que éstas eran ingresadas por los dueños de las explotaciones directamente en las cuentas corrientes de los patrones.

Los medios lusos destacaban ayer que algunos de los trabajadores liberados han declarado que estaban contentos con sus condiciones de vida y de trabajo. "Son personas que provienen de condiciones sociales vulnerables, algunos no tenían ni consciencia de que estaban siendo explotados", dijo al diario Publico el cónsul luso en Bilbao. "Y cuando los contactamos, no manifestaron deseo de regresar (a Portugal)", añadió Rui Gomes.

En los registros realizados en las instalaciones donde descansaban los trabajadores, los agentes comprobaron la precariedad en la que vivían: "Llegaban incluso a carecer de aseos, teniendo que realizar las necesidades, en algunas ocasiones, en la vía pública", expuso la Guardia Civil.

Las investigaciones, que comenzaron a principios de febrero de este año, detectaron que la banda de contratistas estaba bien asentada en esa próspera zona agrícola de Navarra. Todos, ocho hombres y dos mujeres de edades entre los 22 y los 44 años, tenían allí su residencia fija, aunque la mayoría eran naturales del norte de Portugal, lo que induce a pensar que el negocio funcionaba bien y desde hacía tiempo.

El delegado del Gobierno en Navarra, Vicente Ripa, que compareció en rueda de prensa junto al teniente coronel de la Guardia Civil Ángel Moreno, destacó, según Europa Press, que el Gobierno español quiere "una inmigración ordenada, legal e integrada, con derechos y obligaciones, y con el contrato de trabajo como premisa".

Según dijo Ripa, la Inspección de Trabajo en Navarra realizó en 2005 hasta 7.259 actuaciones en la economía irregular, con el resultado de 315 infracciones, 80 de ellas con trabajadores extranjeros implicados.

Según añadió, las sanciones impuestas a empleadores por mantener una relación irregular con trabajadores extranjeros supusieron unas multas de 502.032 euros, el 80% del total (632.750). Sus datos revelan que el Gobierno tenía más información que la alegada en la Cumbre de Évora.