La salud laboral y el sistema sanitario

Nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) se ha constituido a partir de la suma de los recursos destinados por las diversas administraciones públicas a la atención sanitaria. Recursos que pueden ser propios y también concertados o contratados, buena parte de los cuales provienen de la antigua asistencia sanitaria de la Seguridad Social que, entre paréntesis, la mayoría de la población sigue identificando como la sanidad pública. Sin embargo, el Sistema Nacional de Salud no acaba de englobar el conjunto de los recursos sanitarios de uso público, debido a la persistencia de distintos dispositivos paralelos entre los que destaca el de la salud laboral. En este caso, incluso, con el mantenimiento de un aseguramiento propio que gestionan las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 27 entidades privadas colaboradoras de la Seguridad Social que agrupan a más de 13 millones de afiliados.

La separación entre el sistema sanitario y la salud laboral se refleja en el escaso atractivo para los nuevos licenciados

Las mutuas no sólo se ocupan de las prestaciones económicas y de la supervisión médica de las incapacidades laborales, sino que también proporcionan atención sanitaria, incluyendo las actividades preventivas. Aunque desde la reciente creación de los servicios de prevención de riesgos laborales, la mayoría de la prevención corre a su cargo. Mientras que las mutuas son instituciones sin ánimo de lucro, los servicios de prevención son entidades mercantiles independientes. Las mutuas disponen de consultorios y hospitales, propios y concertados, en los que se ingresan unos 100.000 pacientes anuales y acuden a consulta millones de trabajadores. Dispositivos cuya planificación, gestión y evaluación es ajena a las del Sistema Nacional de Salud, aun cuando, como cualquier otro establecimiento asistencial, requieran la autorización y acreditación de las autoridades sanitarias.

Incluso la formación de médicos especialistas en medicina del trabajo tenía un estatus peculiar de forma que los candidatos costeaban sus estudios de especialización en escuelas profesionales. Desde hace dos años, el nuevo programa forma parte del sistema MIR y la formación se lleva a cabo en unidades docentes equivalentes a las de otras especialidades, como la medicina familiar y comunitaria y la medicina preventiva y salud pública. Del mismo modo, se reconoce el carácter laboral de esta etapa de la formación, lo que supone proporcionar un salario a los residentes.

Mientras el sistema sanitario público se hace cargo del coste de la formación de los especialistas, en el caso de la medicina del trabajo no está claro quién la debe asumir. De modo provisional, la mayoría de la aportación económica proviene en la actualidad de las mutuas, las instituciones que, junto con los servicios de prevención, emplean a la mayor proporción de estos especialistas. Pero en ellas trabajan también otros especialistas, como los traumatólogos, fisioterapeutas y cirujanos, cuya formación depende directa o indirectamente del SNS.

Las mutuas se muestran reticentes a sufragar económicamente la formación especializada. En parte, porque la contribución laboral productiva de los residentes en el transcurso de los cuatro años de formación es mínima, ya que sólo permanecen unos meses en las instalaciones asistenciales de los establecimientos mutuales, y, por otro lado, debido a las limitaciones de asignación a una determinada partida presupuestaria que plantea el Ministerio de Trabajo.

La evolución peculiar de nuestro sistema sanitario nos ha llevado a una situación en la que las perspectivas de las administraciones implicadas -Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por una parte, y los ministerios de Sanidad y Educación, por otra- son diferentes, como también lo son los intereses de las mutuas y los de los servicios de prevención de riesgos laborales que, en cierta forma, constituyen entidades proveedoras de atención sanitaria, junto con los dispositivos regulares del Sistema Nacional de Salud, que siguen atendiendo a los trabajadores, formalmente, frente a las contingencias sanitarias comunes, pero de hecho, en muchos casos en los que los determinantes de las enfermedades y trastornos que padecen son consecuencia del entorno laboral. Sin olvidar la creación de dispositivos sanitarios específicos, como las unidades de salud laboral y los centros de valoración de incapacidades, que sí dependen del SNS.

Esto probablemente condiciona las convocatorias de plazas de formación de especialistas, cuyo número es sensiblemente inferior a las estimaciones de necesidades que maneja la comisión nacional de la especialidad de medicina del trabajo, organismo conjunto de Sanidad y Educación. Esta separación entre el sistema sanitario y la salud laboral se manifiesta también mediante un escaso atractivo para los nuevos licenciados, como sugiere el número de vacantes por cubrir. El pasado año se convocaron 77 plazas a las que optaron 62 candidatos.

En el modelo sanitario de la Seguridad Social, el papel de las mutuas tuvo un sentido que, lógicamente, no es el mismo en el marco de un Sistema Nacional de Salud, un modelo sanitario público con vocación de aseguramiento único y universal. De otro lado, la influencia de los determinantes laborales de la salud y la enfermedad no se limita, con ser muy importante, a la población activa, sino que afecta al conjunto de la población, por lo que se requiere un abordaje integral que, entre otras cosas, resuelva las múltiples interferencias que actualmente se producen entre ambos dispositivos.

Parece conveniente, pues, que desde el Ministerio de Sanidad se promuevan iniciativas de aproximación y coordinación que, a corto plazo, proporcionen los recursos humanos necesarios para afrontar los problemas de salud del ámbito laboral, a la vez que establecen los mecanismos para conseguir efectivamente la culminación de un Sistema Nacional de Salud universal, equitativo y de calidad.

Andreu Segura es profesor de Salud Pública de la Universidad de Barcelona y coordinador del programa de Medicina del Trabajo en Cataluña (asegura@ies.scs.es). Fernando G. Benavides es profesor de Salud Pública de la Universidad Pompeu Fabra y tutor de la Unidad Docente de Medicina del Trabajo Mateu Orfila (fernando.benavides@upf.edu).