Con la educación no se juega

El 15 de diciembre pasado se aprobó en el Congreso de los Diputados el proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE) con el único voto en contra del Partido Popular y la abstención de IU, NafarroaBai, Chunta Aragonesista. Ahora el proyecto de ley se encuentra en el Senado siguiendo su trámite parlamentario. Dos opciones políticas han presentado una propuesta de veto y la consiguiente petición de devolución del proyecto: una, a todas luces esperada, es el Partido Popular; la otra, la de Eusko Alkartasuna es sorprendente, por cuanto que su diputada Begoña Lasagabaster dio su voto favorable al proyecto en el Congreso. El senador de EA José Ramón Urrutia coincide con el PP y discrepa de su compañera.

No me consta que esta decisión haya sido compartida por los otros dos socios del Gobierno en Euskadi

Mejor haríamos en dejar de jugar con la educación para marcar perfil político y abonar la cancha del enfrentamiento

No es lo mismo presentar enmiendas parciales como ha hecho el Grupo Vasco (27) o la propia EA (42) y el resto de los grupos, que presentar una propuesta de veto al proyecto de ley coincidente en la práctica con el PP. Este hecho no pasaría de ser una mera anécdota parlamentaria más si quien lo hace no fuese el partido que tiene la responsabilidad directa de la cartera de Educación del Gobierno vasco. No nos consta que esto haya sido una decisión compartida con sus otros dos socios de gobierno en Euskadi; más bien se trata de una táctica política que tiene por objeto marcar perfil propio, en coherencia con determinados compromisos adquiridos por este partido o con la voluntad de erigirse en la alternativa de referencia para el corpus soberanista más radical del electorado vasco.

No me voy a meter en la argumentación apocalíptica que realiza el PP para presentar su veto al proyecto, que califica como una reedición de la LOGSE "que reduce drásticamente las competencias del Estado en materia educativa, lo que puede dar lugar a que las CC AA establezcan sus propios modelos educativos (...) no garantiza la vertebración del sistema educativo español (...)", etcétera. Para el PP, este proyecto no gusta a casi nadie, en definitiva. No gusta a casi nadie, pero lo aprueba en el Congreso desde el PSOE hasta EA, pasando por PNV, Coalición Canaria, Convergencia i Unió, o Esquerra Republicana de Catalunya, el partido hermano de EA, cuyo portavoz, Frances Canet, explicó su voto afirmativo diciendo que este proyecto respetaba las competencias de las comunidades autónomas.

El senador de EA argumenta ahora su propuesta de veto en "las numerosas invasiones de competencias propias de la CAPV" que, a su entender, tiene el proyecto de ley. La primera pregunta que uno se hace es porqué, si eso es así, su partido no votó en contra de dicho proyecto de ley en el Congreso el 15 de diciembre.

La segunda pregunta es si esto quiere decir que en el futuro asistiremos a un litigio competencial con el Gobierno central si el texto no se modifica en los términos que quiere EA, y si a este contencioso acudirá el Gobierno vasco en pleno o sólo el partido que tiene la responsabilidad educativa. La gran discrepancia no se reduce a la reclamación de la elaboración del 100% de currículo, tal y como el propio consejero de Educación nos hizo saber el mismo día de la aprobación del proyecto de ley -desautorizando, por cierto, a su propia compañera de partido en el Congreso-, sino también a la regulación de las enseñanzas no obligatorias (infantil, bachillerato, formación profesional, educación de personas adultas, enseñanzas artísticas, idiomas, etc.), e incluso no regladas, así como a la iniciación profesional, función pública docente, autonomía de los centros, elección de directores... En definitiva, se pide el veto por creer que este proyecto de ley invade el marco competencial del País Vasco.

No seré yo quien entre ahora en todos los aspectos que se reseñan, pero sí creo conveniente colegir que el senador de EA no se explica en lo referente al currículo de forma suficiente, pues -en mi opinión y en la de cualquiera que siga el debate educativo en el que nos han metido algunos- no se reclama sólo la capacidad de fijar el 100% del currículo de la CAPV, que ya es saltarse el principio de realidad legal y el sentido de la realidad, sino también el de Navarra y de algunas zonas de Francia que comparten con nosotros el euskara como lengua propia. Es decir, se argumenta una invasión competencial para vetar la ley, mientras se practica con Navarra y centros educativos de Francia una flagrante y delirante invasión competencial.

Algunos, desde la paralización de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) del PP, hemos intentado un pacto de Estado por la educación que implicara un acuerdo con las comunidades autónomas y estuviera complementado con un pacto social y político que colocara la educación en primer plano de la agenda política. Intentar conseguir que esta cuestión haya estado en el centro del debate social a raíz de los informes internacionales, nacionales o autonómicos que nos alertan con unos resultados educativos preocupantes (OCDE, PISA, UE, B2) no era nada difícil, pero hemos visto que, fundamentalmente, por la estrategia del PP se ha limitado el debate a dos cuestiones: la dichosa asignatura de religión y la libertad de elección de centro. Ambas entendidas desde la óptica de quien ha querido desgastar al Gobierno en función de sus intereses de partido, no reparando en mentiras para convocar movilizaciones en la calle.

En nuestro ámbito vasco de educación, también han estado presentes estas dos cuestiones, pero tapadas con lo que el Departamento de Educación nos ha marcado como prioritario en su agenda: el Diseño Curricular Vasco, la revisión de modelos lingüísticos y futura ley del Sistema Educativo Vasco. Algunas tienen que ver con el Pacto de Gobierno, otras, no. No se trata de quitar responsabilidad al Gobierno central, pero creo que mejor haríamos en dejar de jugar con la educación para marcar perfil político y abonar la cancha del enfrentamiento partidista para buscar determinados réditos electorales, para ponernos a acordar lo que debemos hacer para mejorar nuestros ratios de éxito escolar, la revisión de los modelos lingüísticos atendiendo a criterios pedagógicos no sectarios, la revisión de las estrategias formativas adecuadas, el índice necesario de inversión de nuestro PIB en Educación, la atención a la diversidad de alumnado (inmigrantes y no inmigrantes) especialmente en secundaria, la revalorización de la función docente, la necesidad de dotar de nuevas figuras a los centros para atender los retos que nos plantean las nuevas necesidades educativas (trabajadores sociales, intermediación social, más psicólogos, personal especializado en bibliotecas y mediatecas...), el aumento de la oferta infantil, el nuevo perfil profesional del profesorado, etc.

En lugar de eso, unos y otros buscan la bronca. Unos, porque consideran que para desgastar al Gobierno central vale todo; y otros porque, para llevarse el puñado de votos de quienes se colocan fuera del Estado -y por tanto fuera del sistema-, están dispuestos a jugar con la educación. Ni unos ni otros deberían tener responsabilidades de gobierno, porque con la educación de nuestros jóvenes no se juega. Hacerlo de la manera irresponsable que se está haciendo es hipotecar nuestro futuro y añadir más elementos de confrontación en nuestra sociedad.

Javier Nogales es secretario general de CC OO Irakaskuntza.