Hacienda remite al Congreso una nueva ley que incluye una treintena de medidas contra el fraude fiscal

El Gobierno remitió a las Cortes el proyecto de Ley de Prevención del Fraude Fiscal, con una treintena de medidas, entre ellas, la obligación de que las escrituras públicas de compraventa de inmuebles reflejen los medios de pago utilizados en la transacción, así como incluir la referencia catastral de la vivienda en los contratos de arrendamiento y en los contratos de suministro de energía eléctrica para detectar alquileres no declarados.

Además, las empresas que adquieran mercancías a tramas de fraude en el IVA y que obtengan un beneficio por el impago de impuestos serán también responsables de esa conducta. Para dificultar las facturas falsas se aplicará una retención del 3% en las emitidas por determinados empresarios en estimación objetiva por los bienes y servicios prestados a otros.

Asimismo, para obligar a que tributen las sociedades radicadas en un paraíso fiscal, se considerará a éstas residentes en España cuando su actividad o activos principales estén en el territorio nacional.

El objetivo, según el vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, es "luchar contra los que no declaran" u ocultan rentas, y mejorar el sistema de sanciones para "ser más eficientes". Solbes dijo que la lucha contra el fraude es "un tema clave" para el Gobierno. El proyecto de Ley de Prevención del Fraude Fiscal es complementario a la reforma fiscal y a las medidas del Plan de Prevención, puesto en marcha en febrero de 2005 y que contenía unas 300 actuaciones concretas para perseguir los fraudes más graves y complejos y mejorar el cobro de la deuda descubierta. Por eso, gran parte de las medidas pretenden mejorar la investigación por parte de la inspección y evitar la ocultación de rentas, ya sea a través de tramas de fraude o de paraísos fiscales.

Para impedir que sociedades ficticias actúen o participen en tramas de fraude, el proyecto de ley establece que la revocación del NIF impedirá acceder a los registros públicos y hacer abonos o cargos en las cuentas.

Con el fin de exigir el pago de las deudas tributarias descubiertas a quien de verdad tenga el control efectivo de las sociedades ficticias, la Administración tributaria podrá actuar sin necesidad de recurrir a la vía judicial. Por último, se introduce la responsabilidad subsidiaria de las empresas que adquieran mercancías a tramas y obtengan un beneficio extraordinario por el impago de impuestos.

Esta norma complementa al Plan de Prevención del Fraude Fiscal, que en su primer año de aplicación ha permitido que la deuda liquidada por actuaciones de control de la Agencia Tributaria en 2005 ascendiera a 7.268 millones de euros (el 6,9% más que en 2004), de los que ingresó 4.583 millones.

El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estima que la nueva normativa es "poco ambiciosa" y espera que durante la tramitación parlamentaria se adopten medidas más decididas para prevenir el fraude.