Lecciones aprendidas

L as noticias publicadas recientemente sobre las irregularidades cometidas por el científico coreano Hwang Woo-Suk en sus investigaciones biomédicas han generado el rechazo de la sociedad y de la comunidad científica internacional. Entre otras cosas, porque este caso ha puesto sobre la mesa el debate sobre la ética en la investigación y sobre la necesidad de incrementar las garantías por parte de los poderes públicos para que no se den este tipo de comportamientos, absolutamente injustificables e inadmisibles.

Por desgracia, no es la primera vez que se dan a conocer actuaciones de este tipo. Ahora han tenido mayor repercusión por afectar a una de las áreas de investigación -la biomedicina- que mayores expectativas y esperanzas despierta entre la sociedad. Pero, por encima de una mayor o menor relevancia pública, estos comportamientos nos deben de servir para recordar una vez más la importancia de la ética en la investigación. Por tanto, la primera lección que debemos aprender es la necesidad de que todos, administraciones e investigadores, seamos estrictos en el cumplimiento de las garantías éticas que esta labor requiere, incrementado también la formación en este ámbito en los programas educativos de los jóvenes investigadores.

A veces se alude a la enorme presión, tanto social como científica, a la que están sometidos los investigadores para explicar un cierto relajamiento de las exigencias éticas. Sin embargo, estas presiones nunca pueden justificar actitudes como las que estamos analizando aquí. En la investigación científica los atajos no existen, sólo vale el trabajo serio y riguroso. Los investigadores deben de trabajar en libertad y con recursos, y se les debe exigir que se dediquen a su trabajo y se olviden del protagonismo mediático. La investigación debe de hacerse en los laboratorios, no en despachos ni en los medios de comunicación. Y es responsabilidad de todos aplicar esta lección: de los investigadores, que deben de centrarse en obtener resultados; y también de los políticos, que debemos de aportar los medios que faciliten sus investigaciones y establecer el marco jurídico apropiado para que puedan desarrollar su trabajo con todas las garantías y, a la vez, con los necesarios controles que demanda la sociedad.

Precisamente ésta es una de las conclusiones principales que debemos extraer de este caso. Y es que en un tema socialmente sensible, como es el caso de la investigación con células embrionarias humanas y sus posibles aplicaciones en el tratamiento de enfermedades hoy incurables, los sistemas de control deben de ser aún más exigentes para evitar que se produzcan situaciones de esta naturaleza. La investigación en este área avanza a tal velocidad que las técnicas actuales pueden ser superadas rápidamente por nuevos procedimientos que hoy nos resultan difíciles de imaginar. Es necesario, por tanto, dotarnos de una normativa que garantice que estas investigaciones se hacen por personal técnicamente cualificado, con objetivos claros de mejora de la salud de los ciudadanos, respetando los principios éticos y bajo la supervisión de autoridades cualificadas e independientes.

Éste es precisamente uno de los principales objetivos que se ha marcado el Ministerio de Sanidad y Consumo para esta legislatura. Necesitamos dotarnos de una ley que aúne el fomento de la investigación con la existencia de una regulación a nivel estatal. Una ley que establezca los controles previos necesarios y que ofrezca los mecanismos de garantías que deberán ser respetados y apoyados por todos.

La sociedad apoya mayoritariamente la investigación en terapia celular y medicina regenerativa. Además, el Gobierno la considera un área prioritaria a la que está destinando importantes recursos, tanto en formación de investigadores como en el desarrollo de proyectos de investigación y en la creación de centros especializados en colaboración con algunas Comunidades Autónomas. Por tanto, hoy es más necesaria que nunca una Ley de Investigación Biomédica que la potencie y la regule.

Un marco legal innovador y con las máximas garantías, junto con un entorno estable y ambicioso de financiación que aporte a nuestros investigadores los recursos económicos que precisan para desarrollar su trabajo, contribuirán decisivamente a que nuestro país se sitúe en la vanguardia de estas investigaciones a nivel mundial.

Francisco Gracia Navarro es director general del Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Sanidad y Consumo