Aprobada la ley que prohíbe recalificar durante 30 años el monte incendiado

El pleno del Congreso aprobó ayer la reforma de la Ley de Montes que impide recalificar el monte incendiado en 30 años y crea una fiscalía específica para el medio ambiente. Aunque la mayoría de los grupos se opusieron a la enmienda de los 30 años por considerar que invade competencias autonómicas, el artículo salió adelante porque la oposición no votó de forma conjunta contra el texto. La norma aprobada también impide "la circulación con vehículos a motor por pistas forestales" salvo la necesaria para las labores de vigilancia y de extinción de incendios o las imprescindibles de paso. La ley pasa ahora al Senado.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, destacó que "el texto ofrece un encaje respetuoso con las competencias de las comunidades". Narbona insiste en que los intereses urbanísticos están detrás de muchos incendios, aunque no hay estadísticas. El plazo de 30 años no es arbitrario, argumentó Narbona, sino que responde al periodo que necesita el monte para regenerarse. El texto actual sólo permitirá recalificar el terreno si la urbanización está prevista y publicada antes del incendio.

La portavoz del PP, María Teresa de Lara, manifestó que la Ley de Montes de 2001 ya impedía recalificar el monte quemado, aunque dejaba el plazo en manos de las comunidades autónomas. De Lara destacó que autonomías como Madrid y la Comunidad Valenciana -ambas gobernadas por el PP-, ya han establecido esa prohibición y afirmó que la propuesta del Gobierno invade competencias autonómicas.

Castigo a los dueños

La diputada del BNG Olaia Fernández pidió que el plazo del cambio del uso del suelo no se fijara por ley en atención a las especiales características de Galicia. "Con ello se castiga a los titulares", incluso a los de fincas que arden por incendios "intencionados" que se originan en otros terrenos. Fernández pidió que "las comunidades autónomas puedan reorganizar el monte de acuerdo con sus necesidades concretas". También Iñaki Txueka, del PNV, manifestó su apoyo a la ley, aunque con "dudas" por su "espíritu competencial". Rosa Bonàs, de ERC, fue más dura y afirmó que la ley "vulnera competencias" autonómicas.

En lo que sí hubo unanimidad fue en el artículo de la ley que crea una fiscalía especial para delitos al medio ambiente. Este fiscal especializado tendrá adscrita "una unidad del servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil" y podrá recabar "el auxilio de los agentes forestales o ambientales". Además, la ley refuerza el papel de los agentes forestales.

El PP sí apoyó la creación de un fondo para la defensa del patrimonio nacional.La norma señala que las administraciones públicas valorarán en sus concursos de obras que la madera que utilicen tenga la garantía de que no procede de talas ilegales.