Reservas evaporadas

Repsol ha sorprendido a los mercados con un recorte de un 25% en sus reservas de hidrocarburos, principalmente de gas natural, en América Latina. El anuncio, un pequeño terremoto financiero, ocasionó un descenso inmediato de su valor en Bolsa del 7,67%, equivalente a una pérdida para sus accionistas de 2.200 millones de euros, y se prolongó en oleadas de caídas y recuperaciones que por fin se han estabilizado. El problema es de difícil comprensión. Si en un primer momento se identificó con la presión nacionalizadora en Bolivia, lo cierto es que los recortes en el patrimonio de la primera compañía petrolera española afectan a Argentina y Venezuela, y tienen más que ver con contabilizaciones defectuosas de las reservas probadas, claramente sobrevaloradas por motivos que van desde el cálculo incompetente hasta la valoración optimista. En cualquier caso, una merma notable para los accionistas y para todos aquellos inversores que hayan referenciado sus ahorros al valor de la compañía.

El grupo petrolero no es una empresa cualquiera. Constituye una referencia importante para los inversores extranjeros, dentro y fuera de España; y ocupa relevantes posiciones industriales y financieras en América Latina. Es interlocutor frecuente de los presidentes de Argentina, Bolivia o Venezuela, y, por tanto, debe aceptar una carga de representación superior a la que se deriva de su cuenta de resultados. Por esa razón debería extremar el cuidado para aclarar los motivos por los que se han contabilizado mal sus activos energéticos, o simplemente se han deteriorado para daño de sus accionistas y pasmo de los responsables políticos de los países en los que invierte. Un caso similar, de formidable envergadura, provocó hace dos años en el gigante Shell la caída del presidente y altos cargos de la firma.

La compañía debería dejar claro que investigará a fondo las circunstancias de la evaporación contable de las reservas, si se ha cometido alguna acción fraudulenta y quiénes son los responsables del desaguisado. Las empresas deben asumir las pérdidas patrimoniales, pero los accionistas tienen derecho a saber por qué se producen y deben ser tranquilizados con procedimientos que garanticen que no se repetirán. Extraña, en este sentido, el mutismo de la CNMV, que ya debería estar indagando sobre el caso. La ley del silencio no cotiza en el mercado.