La Generalitat dice que el alumno de Badalona ya recibe atención en castellano y el padre lo niega

El Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña y el padre de un alumno que ha reclamado que se escolarice a su hijo en castellano discreparon ayer abiertamente sobre el conflicto. Mientras la Generalitat aseguró que el niño, de siete años, que cursa segundo de primaria en un colegio de Badalona, recibe atención personalizada desde enero, el padre, Enrique López, replicó que no recibe esta atención como marca la ley. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dictado un auto en el que recuerda la obligación de escolarizar al niño en castellano. La consejera de Educación, Marta Cid, denunció ayer una campaña contra el modelo catalán de inmersión lingüística.

La Ley de Política Lingüística aprobada por el Parlamento de Cataluña en 1998 dice que "el catalán se ha de utilizar normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza no universitaria". Pero añade: "Los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea este el castellano o el catalán. La Administración ha de garantizar este derecho".

En la práctica, esta norma, que se aplica a alumnos de hasta ocho años, está generando problemas entre algunos padres y la Generalitat. Algunos conflictos se han originado porque las hojas de preinscripción de los colegios no tienen una casilla preguntando a los padres la opción lingüística que prefieren para educar a sus hijos. Algunos padres han criticado que deben dirigirse expresamente al centro para solicitar la enseñanza en castellano, lo que consideran una restricción de entrada.

'No' a dos redes escolares

El Departamento de Educación afirma que no es necesario preguntar a los padres. "El derecho a escoger lengua está garantizado. Cuando una familia pide la enseñanza en castellano, el profesor se dirige al alumno en este idioma y le entrega el material didáctico escrito en castellano", dijo ayer Josep Vallcorba, subdirector general del Lengua y Cohesión Social del Departamento de Educación.

En el caso del niño del colegio Feliu i Veguès, de Badalona, la Generalitat afirma que el profesor se dirige a él en castellano y le entrega el material didáctico en esta lengua. El padre lo niega. "A esta edad no hay clases magistrales. Los niños trabajan en grupos. Lo que no vamos a hacer es separar a los alumnos por clases según la lengua y crear dos redes educativas", dice Vallcorba, que recuerda que lo prohibe la propia Ley de Política Lingüística.

La otra reclamación del padre es que su hijo no recibe la asignatura de lengua y literatura castellana. Vallcorba replica que "se deben impartir 140 horas de esta materia en los dos primeros cursos de primaria, pero los centros pueden decidir dar todas las horas en segundo curso. Desde hace tres años recomendamos a las escuelas que la repartan entre los dos cursos, pero tienen autonomía para impartirla toda en un curso". Enrique López responde: "A mi hijo no le dieron esta asignatura en primero y no se la dan en segundo". La dirección del colegio eludió ayer opinar sobre este caso.

La consejera de Educación consideró que el auto "no afecta al modelo educativo" y afirmó que en Cataluña "no existen conflictos lingüísticos". Cid señaló que las "campañas mediáticas no conseguirán que la Generalitat cambie este modelo, que ha sido coherente desde el año 1983". "No hay ningún tipo de persecución lingüística del castellano. Esto es insostenible por muchas campañas que haya", subrayó Cid, que añadió que los escolares catalanes terminan sus estudios con un nivel de conocimiento de la lengua castellana "igual o superior al de otras comunidades".

El Partido Popular de Cataluña llevó ayer a debate la política lingüística de la Generalitat. Lo hizo en un tono mucho más comedido y menos belicoso que la dirección nacional del PP y para exigir al tripartito de izquierdas que haga cumplir la Ley de Política Lingüística que protege los derechos individuales de los alumnos a ser escolarizados en castellano. Tanto el presidente, Pasqual Maragall, como su primer consejero, Josep Bargalló, culparon al PP de azuzar un "inexistente conflicto" lingüístico cada vez que desde Cataluña se levantan voces a favor de un mayor autogobierno, como en la actualidad con el nuevo Estatuto.

Ley "intervencionista"

Dos parlamentarios del PP se turnaron en la tribuna para censurar la "intervencionista" política del tripartito. Pero ni Rafael López, por la mañana en una interpelación al primer consejero, ni por la tarde Francesc Vendrell, en la sesión de control a Pasqual Maragall, cuestionaron el modelo de inmersión lingüístico en catalán que consagró la ley de 1998. López exigió al Gobierno catalán la estricta aplicación de la ley, sin "elementos oscuros" y el acatamiento de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en cuestiones lingüísticas.

Maragall y Bargalló negaron que haya "persecución lingüística" en Cataluña y alabaron "la ejemplaridad" de la ley en la enseñanza pública. El presidente de la Generalitat aseguró que la ley no va a modificarse ya que recibió el apoyo de "todas las instancias judiciales", como el Tribunal Supremo o el Constitucional. En alusión al auto judicial sobre el caso de Badalona, Maragall contestó a los diputados populares que "la ley se cumplirá". López citó cuatro sentencias que aseguró que la Generalitat no cumple, para explicar que su partido no denuncia un conflicto lingüístico, sino de "derechos y libertades".