"No va a haber ningún Gobierno europeo que se niegue a cooperar"

El eurodiputado conservador portugués Carlos Coelho dirige la comisión que debe investigar si la CIA secuestró, trasladó y mantuvo presos a supuestos terroristas en suelo europeo. Y, sobre todo, si los Gobiernos europeos estaban al tanto o colaboraron con EE UU. Coelho se muestra convencido de que los Ejecutivos van a cooperar con la Eurocámara ante la presión de los ciudadanos, pero admite que "hay muchos aspectos que son difíciles de probar, como las actividades de los servicios secretos".

Coelho, que presidió la comisión que certificó la existencia de la red de espionaje Echelon, se desmarca de la conformidad expresada por los Gobiernos tras la visita de la secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, a Europa. "Nosotros no nos sentimos condicionados por los ministros", dice.

"Tenemos valores en común que hay que defender: los derechos humanos y la libertad"

Pregunta. ¿Qué ha motivado al Parlamento Europeo a poner en marcha esta investigación? ¿No son suficientes las pesquisas de los Gobiernos?

Respuesta. Lo más importante en Europa son los valores comunes. Somos 25 Estados miembros muy distintos, pero tenemos valores en común que hay que defender: el Estado de derecho, los derechos humanos y la libertad.

P. ¿Qué pruebas tienen de que esos principios se han vulnerado?

R. Las noticias que se han publicado se refieren a actos llevados a cabo en la UE. La preocupación del Parlamento ha hecho que creemos una comisión temporal, que pretende responder a cuatro cuestiones. Primero, si agentes de EE UU o de otros países han llevado a cabo actividades como detenciones, secuestros o torturas en la UE. Segundo, averiguar si estas acciones se pueden considerar una violación de las convenciones internacionales y de las leyes de los Estados miembros. Tercero, ver si entre las víctimas hay ciudadanos europeos. Y cuarto, investigar la cooperación por acción u omisión en estas actividades de entidades públicas de los Estados.

P. ¿Por qué han optado por una comisión temporal, con menos atribuciones que las de investigación?

R. Hay una diferencia jurídica, y es que en la comisión temporal, como presidente, no puedo obligar a los ciudadanos a que comparezcan, pero tampoco creo que sea necesario. Hay un poder moral y de la opinión pública que hará que los responsables políticos acudan a declarar. No puedo obligarles, pero sí puedo hacer públicas sus respuestas. Será muy difícil para los responsables políticos decir que no van a cooperar.

P. ¿A quién van a llamar a declarar?

R. Tengo propuestas que de momento no voy a hacer públicas.

P. En la investigación de la red de espionaje Echelon, ustedes se quejaron de la falta de colaboración de EE UU y las averiguaciones acabaron por caer prácticamente en saco roto. ¿No teme que suceda ahora lo mismo?

R. El informe sobre Echelon se publicó el 5 de septiembre de 2001, una semana antes del 11-S. Europa fue entonces inundada por un tsunami de seguridad que enterró la investigación y el propio Parlamento se negó a publicar en un libro las conclusiones y el informe anual de derechos humanos. El de ahora es un tema muy sensible. Al igual que en Echelon, hay cuestiones que son competencia de la Unión, pero otras, como las de Defensa, son competencia de los Estados y hay que respetarlas. Por otro lado, hay aspectos que son difíciles de probar, como las actividades de los servicios secretos.

P. ¿Se han puesto ya en contacto los Gobiernos con usted?

R. Algunos embajadores me han manifestado la voluntad de sus Gobiernos de colaborar con la comisión. No va a haber ningún Gobierno que no vaya a cooperar, porque todos sufren la presión de su opinión pública.

P. ¿Qué pasará si los Gobiernos dicen ante la comisión que en el caso de los vuelos dan crédito a las explicaciones de Washington de que en los aviones no había detenidos que fueran a ser torturados? Los ministros de Exteriores de la OTAN ya se dieron por "satisfechos" con las explicaciones que ofreció Condoleezza Rice. ¿Serán suficientes para ustedes?

P. Las contestaciones de los ministros de Exteriores no obligan al Parlamento. No nos sentimos condicionados por los ministros. La obligación de todos los Ejecutivos es colaborar con la investigación.