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Reportaje:Las lenguas en Cataluña y 2 | INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS

El uso político de la lengua catalana

Felipe González ganó un recurso contra el deber de conocer el gallego. El PP no recurrió la ley lingüística aplicada en Cataluña desde 1998

Un Gobierno del PSOE promovió el recurso al Constitucional contra el deber de conocer el gallego. Ahora se insiste en el mismo deber respecto del catalán, a través del proyecto de Estatuto de Cataluña. La cuestión lingüística es una de las armas más utilizadas cada vez que reaparecen las tensiones sobre el reparto del poder en la España de las autonomías.

A juzgar por las tormentas que han descargado sobre el Estatuto catalán, sus negociadores también serán considerados culpables de la supuesta capitulación del idioma castellano. Y sin embargo, algunos de los denunciantes de la discriminación de esta lengua en Cataluña son los primeros que afirman: "Llueve sobre mojado", apuntando al Partido Popular (PP), que ocho años atrás, cuando estaba en el poder, no recurrió la Ley de Política Lingüística de Cataluña, provocando así la desolación de aquéllos.

El Partido Popular gobernaba gracias a un pacto de estabilidad con Jordi Pujol, en aquel tiempo al frente de la Generalitat de Cataluña. Como presidente del Gobierno, José María Aznar podía haber recurrido contra la norma lingüística aprobada a finales de 1997 por el Parlamento catalán; pero no lo hizo. Mientras tanto, Alejo Vidal-Quadras, ex presidente del PP en esa comunidad, que había organizado la resistencia desde la Asociación Convivencia Cívica Catalana, pidió al Defensor del Pueblo que usara él de su facultad de recurrir al Constitucional.

El deber de conocer el gallego fue declarado inconstitucional 20 años antes de que se plantee para el catalán

Todas las autonomías con "lengua propia" aplican procesos de normalización

La utilización política de las lenguas 'pesa' más que su valor como instrumentos de comunicación

El PP se ha lanzado a una campaña de condena al Gobierno catalán

"Cuarenta y ocho horas antes de la finalización del plazo para la presentación del recurso, el propio Defensor del Pueblo comunicó a los solicitantes su decisión de hacerlo", cuenta el profesor universitario Francisco Caja, colaborador de Vidal-Quadras en aquellas lides. Una filtración alertó a Pujol. "Las llamadas al Defensor del Pueblo antes de la finalización del plazo para el recurso fueron numerosas e importantes, todas coincidentes en que su presentación acarrearía consecuencias políticas imprevisibles", recuerda Caja. El defensor, Fernando Álvarez Miranda, finalmente tampoco presentó recurso contra la ley lingüística del Parlamento catalán.

"Los lodos actuales proceden de aquellos polvos", afirma Caja, actualmente al frente de Convivencia Cívica, que por descontado rechaza las disposiciones sobre lenguas incluidas en el proyecto de nuevo Estatuto. Sus críticas no se limitan a ese 89% de diputados catalanes que aprobaron la propuesta de Estatuto enviada a las Cortes, sino que se extienden a Josep Piqué como dirigente del PP en Cataluña, pese a que éste no respaldó la propuesta estatutaria en la Cámara autonómica.

Cuando la regulación de las lenguas en Cataluña lleva ocho años en vigor, ahora se plantea consolidarla a través del nuevo Estatuto. De aprobarse, tendrá rango de ley orgánica y será votado en referéndum, circunstancias todas ellas que no reúne la Ley de Política Lingüística vigente. En el proyecto de Estatuto se recoge el deber de la población de conocer tanto el castellano como el catalán; nada tiene de particular que se mencione el deber de conocer el castellano, puesto que ya lo estableció la Constitución de 1978 para todos. Resulta mucho más significativo que se generalice a la población de Cataluña el deber de conocer el catalán, puesto que de ello nada dice el texto constitucional.

Y en este punto existe un antecedente: el 26 de junio de 1986 fue declarado inconstitucional el deber de conocer el idioma gallego en la comunidad autónoma de Galicia. El Tribunal Constitucional consideró que no es discriminatorio respecto de los ciudadanos "la existencia de un deber de conocimiento del castellano y la inexistencia del mismo deber respecto del gallego", según se lee en los fundamentos de la sentencia 84/1986. El tribunal que tomó esa decisión estaba encabezado por Francisco Tomás y Valiente, con el magistrado Antonio Truyol Serra como ponente; uno de sus miembros era Francisco Rubio Llorente.

Conviene recordar el contexto en que se dictó aquel fallo: las autonomías comenzaban a organizarse y había una relación de fuerzas políticas en España diferente a la actual. En aquel momento fue el presidente del Gobierno socialista, Felipe González, el que se opuso al "deber" de conocer el gallego, que había sido introducido como tal en una ley del Parlamento de Galicia aprobada en 1983. Esta comunidad autónoma tenía entonces un Ejecutivo conservador encabezado por Xerardo Fernández Albor.

El deber de conocer el gallego "no viene impuesto por la Constitución y no es inherente a la cooficialidad de la lengua gallega", se lee en los fundamentos de la sentencia. Los jueces afirman que el artículo 3 de la Constitución establece que el castellano es "idioma común a todos los españoles y cuyo conocimiento puede presumirse en cualquier caso, independientemente de factores de residencia o vecindad. No ocurre, sin embargo, lo mismo con las otras lenguas españolas cooficiales en los ámbitos de las respectivas comunidades autónomas, pues el citado artículo (constitucional) no establece para ellas ese deber, sin que ello pueda considerarse discriminatorio". El tribunal acepta una acción pública destinada a asegurar el conocimiento de ese idioma por los ciudadanos de Galicia -por ejemplo, en la enseñanza-, pero rechaza que se obligue a todos los ciudadanos de una comunidad a conocer una lengua distinta del castellano. El representante del Parlamento de Galicia alegó ante el Constitucional que ese deber "carece de exigibilidad coercitiva" y es un "imperativo ético que, jurídicamente, no es exigible", pero tales argumentos fueron rechazados por los jueces constitucionales.

Han transcurrido veinte años. Con José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa, el equipo del PSOE que ha negociado el proyecto de Estatuto de Cataluña ha aceptado inicialmente la propuesta lingüística avalada por la mayoría de los partidos catalanes, mientras la dirección del Partido Popular, encabezada por Mariano Rajoy, ha iniciado un intento de condena política del Gobierno catalán por "discriminar al castellano", Ayuntamiento por Ayuntamiento -en paralelo con la búsqueda de firmas para combatir el Estatuto entero-. Desde posiciones nacionalistas han continuado las críticas al desequilibrio jurídico de la lengua catalana respecto del castellano. Y mientras tanto, el Constitucional se ha pronunciado varias veces sobre regulaciones lingüísticas, en general para avalar el uso en la educación de idiomas distintos del castellano, sin abrir paso a la posibilidad de que alguien pueda ser obligado a conocer un idioma que no es común a todos.

El lingüista Juan Ramón Lodares -fallecido el año pasado- dedicó varios artículos y parte de un libro (El porvenir del español) a reflexionar sobre "el proceso que va a convertir a España en un país donde la lengua común, el español, no sirva por sí misma para instalarse en todo su territorio".

Las barreras lingüísticas

Lodares ponía este ejemplo: "Mañana, alguien que desde niño no se haya instruido en catalán, valenciano, gallego o vasco encontrará difícil la instalación laboral medio-alta en las zonas donde se concentra, aproximadamente, el 40% de la población española, es decir, en Cataluña, Valencia, Baleares, Galicia y País Vasco. La instalación será prácticamente imposible en lo que atañe a puestos de trabajo que tengan que ver con la gestión pública". Los que sienten el catalán como propio resaltan el arraigo histórico y cultural de esta lengua y la persecución sufrida por sus hablantes durante el franquismo, como razones que avalan las políticas de fomento del catalán. También, la importancia de esta lengua a escala continental, hablada por alrededor de 10 millones de personas (los documentos disponibles en la página de la Generalitat catalana en Internet cuentan entre los hablantes del catalán a los del valenciano. Uno de ellos se reproduce en esta página. Sin entrar en la polémica catalán/valenciano, dos datos: el nombre oficial de la lengua propia de la Comunidad Valenciana es el valenciano. El diccionario de la Real Academia Española define al valenciano como "variedad del catalán").

La Constitución tampoco sirve de referencia para definir el alcance de la "lengua propia", palabras que ni siquiera aparecen en su texto. El concepto de lengua propia se introdujo en los estatutos catalán y vasco promulgados en 1979, extendiéndose desde ahí a otros.

Varias lenguas españolas

Así, el Estatuto de Galicia considera como lengua propia el gallego, y su Ley de Normalización califica este idioma de "núcleo vital de la identidad gallega" y "verdadera fuerza espiritual que da unidad interna a la comunidad". Los idiomas valenciano y castellano simplemente reciben la consideración de "oficiales" de la Comunidad Valenciana en su Estatuto, pero una ley posterior también caracterizó al valenciano como "lengua propia". La Ley 3/1986 de Normalización Lingüística de las islas Baleares afirma que la lengua catalana es "el instrumento con el cual los isleños han realizado sus máximas aportaciones a la cultura universal". Y en el País Vasco, la ley proclama el euskera como "el signo más visible y objetivo de identidad de nuestra comunidad y un instrumento de integración plena del individuo en ella a través de su conocimiento y uso". "El castellano no es la única lengua española", recalca Joan Jordi Rosell, presidente de la Federación de Padres de Alumnos de Cataluña. Y el lingüista Albert Branchadell sostiene que si en España todo el mundo puede entenderse en castellano, otra cosa es hacerlo siempre en esa lengua, "con la consiguiente omisión de otras lenguas españolas que, para una parte de los españoles, puedan ser tan importantes como lo es el maltés para los malteses". Ejemplo traído a cuento de la oficialidad en la Unión Europea (UE) de un idioma usado por 400.000 personas.

A partir de 2007 también será oficial en la UE el gaélico, hablado por una minoría en Irlanda, cuya mayoría de habitantes vive y trabaja en inglés. Varias lenguas habladas en España han sido admitidas como de uso oficial en algunas instancias comunitarias. En suma, la Unión Europea ha preferido no ofender a nadie, en el afán de ganar adhesiones populares a la causa europeísta.

Ahora bien, las lenguas de trabajo en la UE son muchas menos que las oficiales. Periódicamente surgen intentos de reducir su número, en nombre de la facilidad operativa y del ahorro de costes de traducción e interpretación. España, Italia y Portugal ya han boicoteado alguna reunión del Consejo de Ministros de la UE porque los documentos de trabajo sólo habían sido distribuidos en inglés, francés y alemán. Los servicios que dependen de la Comisión Europea, dirigida por José Manuel Durão Barroso, han ensayado otros movimientos para reducir el volumen de traducciones.

"España nos potencia a todos"

Más allá del debate político sobre las cuestiones lingüísticas, "lo preocupante de la polémica en torno al Estatuto de Cataluña es el fondo de la cultura que estamos generando: que la gente hable mal de los catalanes en España o que la hispanofobia pueda instalarse en Cataluña", reflexiona Nicolás Sartorius, vicepresidente de la Fundación Alternativas, que está organizando rondas de debates entre personas de la sociedad civil, enfocadas a la eliminación de prejuicios y malentendidos sobre el alcance de la España plural. (La transcripción de esos trabajos puede encontrarse en Internet: www.falternativas.org).

"Hemos tenido el periodo más brillante de nuestra historia", añade Sartorius. "Es la primera vez que la democracia dura, nos hemos integrado en Europa y hay una mejora muy seria desde el punto de vista económico. Tenemos proyectos en común. Hemos de convencernos de que España nos potencia a todos".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 31 de enero de 2006