Decomisados 800 kilos de carne de aves chinas en Fuenlabrada

La Policía Municipal de Fuenlabrada se ha incautado de 800 kilos de pollo y pavo procedentes de China en una nave del polígono industrial Cobo Calleja, el más grande de Europa. El Ayuntamiento de la localidad ha procedido a su destrucción, ya que una directiva de la Unión Europea prohíbe la importación de carne de aves desde el año pasado para evitar el contagio de la gripe aviar. También fueron decomisados 10.000 productos alimenticios que carecían de los preceptivos controles sanitarios.

La inspección se produjo la mañana del pasado martes por parte de los agentes de la Unidad de Seguridad en Polígonos Industriales en una nave denominada Shangai Comidas, gracias a la información facilitada por la Policía Municipal de Madrid. El aspecto exterior de este establecimiento daba la impresión de que vendía alimentos al por menor, cuando en realidad suministraba a restaurantes de comida china de toda la región.

Los agentes se toparon con que el local carecía de las licencias municipales de actividad y apertura, además del permiso para manipular alimentos. Todos los productos que comercializaba eran de origen oriental. El principal problema surgió con unos 800 kilos de carne de pollo y pato que habían llegado a España a través de un envío que entró en la Unión Europea a través de Portugal, según fuentes policiales. Las formas de presentación eran diversas, ya que había carne congelada, en salmuera o desecada.

La policía procedió a su decomiso, ya que la directiva de la Unión Europea 84/2004 de 23 de enero de 2004 prohíbe taxativamente la importación y comercialización de cualquier producto de aves de origen asiático para evitar el contagio de la gripe aviar. La carne fue decomisada y destruida a través de la incineración en los días posteriores para evitar cualquier contaminación. Tan sólo se han guardado algunas muestras por si son requeridas por la autoridad judicial.

Sin etiquetado

El control del local también permitió descubrir unos 10.000 productos alimenticios que carecían de los análisis sanitarios y de los permisos necesarios para ser vendidos en España. Todos ellos carecían del etiquetado en español obligatorio para ser comercializado en la Comunidad de Madrid. También fueron inmovilizadas 300 botellas de licor que no habían pasado la aduana, por lo que carecían de las etiquetas de haber pagado el impuesto de bebidas alcohólicas en la aduana. A los dueños del negocio se les abrió un expediente por contrabando, además de otros por numerosas irregularidades administrativas y contra las leyes sanitaria y alimenticia.

Parte de las bebidas y de los productos alimenticios fueron trasladados a depósitos municipales y policiales, mientras que el resto quedó inmovilizado en la propia nave.

Fuentes policiales no descartan que los responsables de este local puedan ser acusados de un delito contra la salud pública. La policía ha remitido un detallado informe al juez para que sea éste el que decida si se les abre diligencias.