Reacciones adversas de los partidos catalanes y complacencia en las instituciones de Salamanca
Las reacciones a la paralización del traslado de los documentos del Archivo General de la Guerra Civil a Cataluña no se hicieron esperar. Nada más conocerse la noticia, entre los primeros en manifestar su opinión, el PSC consideraba que el traslado "es legal, y confiamos en que al final se haga esta valoración", según un portavoz de esta formación. El portavoz del Partit dels Socialistes de Catalunya ha atribuido esta situación a "campañas de agitación y de odio impulsadas por el Partido Popular que no benefician a nadie".
Por su parte, el departamento de Cultura de la Generalitat valorará hoy la decisión adoptada ayer por la Audiencia Nacional. Un portavoz ha añadido, antes de hacer una valoración, que los asesores jurídicos del departamento examinarán la resolución adoptada a instancias del Ayuntamiento de Salamanca. En Esquerra Republicana de Cataluña no quisieron pronunciarse sobre el asunto y declinaron hacer de momento una valoración.
El portavoz de Convergencia Democrática de Cataluña, David Madí, considera que la decisión "contribuye a enrarecer el clima que ya se está generando en torno a este asunto". "No esperábamos una sorpresa tan desagradable como ésta", afirma.
En el otro lado de la moneda, la Junta de Castilla y León exigió ayer diálogo y negociación y resaltó que lo importante es que con esta medida se pone de manifiesto el normal funcionamiento de las instituciones democráticas. La vicepresidenta segunda y portavoz de la Junta, María Jesús Ruiz, afirmó también que se trata de una buena noticia para los ciudadanos, porque con este auto "se ha impuesto el sentido común". Para la vicepresidenta del Gobierno regional la decisión judicial no deja lugar a dudas de que hace falta tiempo para llegar a un acuerdo, "lo que hasta ahora se nos ha restringido a todos los españoles". En esa misma dirección, el portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Rodríguez, destacó que "esa decisión demuestra que hay que tener fe y confianza en el Estado de derecho". Añadió que lo decidido por la Audiencia Nacional "demuestra que el Ayuntamiento tenía razón y que el Gobierno estaba incumpliendo la ley", así como pone en evidencia "la chapuza y precipitación del Gobierno". El secretario regional del PP, Alfonso Fernández Mañueco, dijo que ahora entiende "las razones por las que el Gobierno tenía tanta prisa en sacar los documentos".
Babelia
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