La Audiencia Nacional paraliza el envío de los 'papeles' de Salamanca

Los cinco magistrados de la Sección Séptima de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional decidieron ayer paralizar hasta el próximo martes la salida a Barcelona de los papeles del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, que desde el jueves se encuentran en el Ministerio de Cultura. La sala admite la medida cautelarísima solicitada en el recurso del Ayuntamiento de Salamanca, y es una decisión excepcional, al paralizar la Ley de Restitución a la Generalitat de Cataluña aprobada por las Cortes. El ministro de Justicia dijo que el Gobierno "responderá jurídicamente".

La Sección Séptima de la Sala Contencioso-administrativa de la Audiencia Nacional paralizó ayer el traslado de los documentos del Archivo General de la Guerra Civil a Cataluña, como solicitaba el Ayuntamiento de Salamanca en el recurso presentado en la misma jornada, como medida cautelarísima. Estaba previsto que los magistrados no adoptaran ninguna decisión sobre el recurso presentado por el Consistorio salmantino hasta el próximo lunes, pero se reunieron por la tarde a deliberar, al parecer ante la posible salida hoy de los papeles desde el Ministerio de Cultura. Los documentos se encuentran desde el jueves en la caja fuerte del Ministerio de Cultura, que ayer mantuvo una absoluta discreción sobre el día de traslado a Barcelona.

Los jueces, con José Luis López Muñiz, como ponente y presidente, acordaron por unanimidad admitir el argumento del abogado del Ayuntamiento de Salamanca de que el traslado de los documentos se había realizado prescindiendo del procedimiento previsto por la ley para ello. La medida se mantendrá al menos hasta el próximo martes, día en el que se ha fijado una vista, a las 11.00, en la que el representante del Consistorio y el abogado del Estado, en representación del Ministerio de Cultura, expondrán sus alegaciones en contra o a favor del traslado de documentos, respectivamente.

Tras dicha vista se podrá levantar o mantener la paralización del traslado. La decisión se adoptará tras determinar si el cambio de ubicación de los documentos se ha realizado cumpliendo la ley o no. Los magistrados que han adoptado la decisión de paralizar el traslado son, además del presidente de la Sección Séptima de lo Contencioso, José Luis López Muñiz, los jueces Begoña Fernández Dozagarat, Jaime Alberto Santos, Isabel Reza Gómez y María Dolores de Alba Romero.

Tras conocer la decisión, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, afirmó que "el Gobierno, con toda normalidad y con toda celeridad, responderá jurídicamente por su cauce" a las resoluciones judiciales, adoptadas por la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional, acerca de los papeles de Salamanca. Entre las reacciones suscitadas por la medida, la consellería de Cultura de la Generalitat de Cataluña transmitió anoche "su tranquilidad y total confianza" en que el traslado de los Papeles de Salamanca acabará produciéndose, tras conocer la decisión de la Audiencia Nacional. Hoy se celebrará una reunión en la que tomará parte la consellera, Caterina Mieras, para estudiar la decisión judicial sin precipitación. La ministra Carmen Calvo, que se encontraba ayer en Murcia, declaró antes de conocer la decisión de la Audiencia Nacional que el traslado se llevará a cabo "cualquier día de éstos", dentro del plazo legal (hasta el 19 de febrero), "simplemente es que se nos ha cruzado el fin de semana por medio", según Efe.

En principio, en Cataluña se confiaba en que los documentos pudieran estar en Cataluña antes del próximo miércoles, día en el que estaba previsto inaugurar una exposición dedicada a mostrar la historia de la reclamación de los papeles incautados tras la Guerra Civil con fines represivos por las tropas franquistas.

Por otra parte, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite, tal como estaba previsto, el recurso de inconstitucionalidad promovido por la Junta de Castilla y León contra la Ley de Restitucvión a la Generalitat de Cataluña de los documentos incautados en la Guerra Civil.

La admisión a trámite del recurso de la Junta de Castilla y León es una decisión mecánica que se registra en cuanto el tribunal comprueba que el recurso cumple los requisitos formales. Por eso, en la práctica todos los recursos de inconstitucionalidad se admiten a trámite. La admisión sólo implica que el pleno del tribunal, integrado por 12 magistrados, examinará en su día -pueden pasar años- si la Ley de Restitución es constitucional. Pero en un plazo mucho más breve, de 15 días, el Constitucional tendrá que decidir si suspende cautelarmente el traslado de los documentos, tal como solicitó la Junta de Castilla y León, aunque éstos ya se encuentren en Madrid.