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Calvo garantiza que los 'papeles' de la Generalitat saldrán hoy de Salamanca

El Ayuntamiento aplicará una ordenanza de carga y descarga para evitar el traslado

Un portavoz del Ministerio de Cultura afirmó anoche que se va a cumplir la ley y que los papeles de Salamanca saldrán hoy del Archivo General de la Guerra Civil, a pesar de que el Ayuntamiento salmantino, que preside Julián Lanzarote, del PP, no haya concedido autorización para la carga de la documentación. Representantes del ministerio aseguraron por la tarde a la agencia Efe, tras la reunión de la comisión permanente del archivo, que el traslado se hará en los términos que anunció en su momento la ministra Carmen Calvo, "con luz, taquígrafos, legitimidad y absoluta tranquilidad". Agentes del Cuerpo Nacional de Policía custodian desde ayer las dependencias del archivo.

"Espero que de forma tranquila puedan salir los documentos", dice el delegado del Gobierno

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, declaró anoche: "Espero que mañana [refiriéndose a hoy], de forma tranquila y pacífica, puedan salir los documentos del archivo". El subdelegado del Gobierno en Salamanca, Jesús Málaga, dijo que no podía comentar ninguna medida de seguridad.

La ministra de Cultura, Carmen Calvo, informó ayer a la Comisión Permanente del Patronato del Archivo de la Guerra Civil de la salida de documentos del archivo hacia Cataluña hoy, 19 de enero, "en cumplimiento de la Ley de Restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil". Según un comunicado difundido por el ministerio, la ministra informó de los documentos que van a ser trasladados fruto de los estudios realizados por la Comisión Mixta Estado-Generalidad, constituida el pasado jueves. Según informó Cultura, dicha comisión ha identificado 500 cajas cuyo contenido se corresponde con los documentos determinados por la ley, y que van a ser devueltas a la Generalitat. "En estas cajas hay, entre otros documentos, nueve legajos relacionados con el Estatuto de Autonomía de Cataluña, 15 legajos de Presidencia, 206 de Justicia, 20 de Finanzas y Economía, uno de Agricultura, dos de Trabajo y Obras Públicas, 16 de Cultura, seis de Sanidad y Asistencia Social, 49 de Seguridad Interior, 170 de Defensa, tres de la Delegación de la Generalidad en Madrid, uno del Parlamento de Cataluña y otros dos legajos incluidos en la categoría de varios".

El Ayuntamiento de Salamanca ha decidido no conceder autorización al Ministerio de Cultura para que hoy éste pueda realizar operaciones de carga y descarga ante la sede del archivo. Además de ese acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local, formada únicamente por concejales del grupo popular, el portavoz del equipo de gobierno, Fernando Rodríguez, aseguró en rueda de prensa: "Nosotros no vamos a dejar que se haga mañana [por hoy] en el archivo ninguna operación de carga y descarga". La decisión se fundamenta en que el Ayuntamiento, que preside Julián Lanzarote, planteó ayer por la tarde un recurso contencioso administrativo por entender que Cultura ha incumplido la ley, pues afirman que 176 cajas contienen documentación ajena a la Generalitat y sus órganos e instituciones.

La comisión mixta Estado-Generalitat analizó el contenido de estas 176 cajas y, según informó ayer Cultura, concluyó que "160 pertenecen a las Milicies Antifeixistes de Catalunya, una organización popular integrada en la Generalidad de Cataluña y que empleaba medios públicos a pesar de que estaba compuesta por la CNT, UGT, FAI, PSUC y POUM, grupos que no se reconocían como Estado. Además, en estas cajas hay tarjetas electorales, cartillas y carnés que están a nombre de personas físicas y que fueron emitidos por la Generalitat. Estos documentos nunca fueron incautados a sus titulares, sino en oficinas públicas, por lo que no queda constancia de su incautación individualizada".

De las 507 cajas catalogadas en un principio para su traslado, siete no serán devueltas. Guardan documentación de los juzgados de instrucción de Igualada y Vilafranca del Penedès, dos expedientes de la Dirección General de Prisiones y un expediente de correspondencia de Albert Carsi Lacasa, según informó Cultura.

El recurso presentado ayer por la tarde por el órgano municipal de gobierno ante el Juzgado de lo Contencioso de Salamanca solicita la aplicación, "con carácter provisionalísimo", de la medida cautelar de impedir la salida de documentos desde la sede del Archivo de la Guerra Civil. La petición se argumenta en que, tal como está previsto el traslado, se incumple "flagrantemente" por el propio ministerio la Ley de Restitución aprobada por el Parlamento. El argumento se refuerza con dos informes del director general de Archivos de Castilla y León, donde se especifica qué documentos no cumplen los requisitos marcados por la ley, pues "se ha incurrido en importantes errores", según Rodríguez. Otro motivo que se alega es que también se ha incumplido lo que establece el decreto de creación del Patronato del Archivo en lo relativo al informe preceptivo previo a la salida de documentación.

La solicitud de autorización de carga y descarga se formuló en función del bando de la alcaldía que establece que ese tipo de operaciones estarán sometidas a "autorización especial en su caso, en virtud de las circunstancias, tipo de carga y transporte y las inspecciones que procedan" en el ámbito del casco antiguo del entorno en que radica la sede del archivo. El portavoz precisó que la denegación de autorización se mantendrá hasta que el juzgado no decida si se admite o no a trámite el recurso. Una vez que eso ocurra, y si el auto no resulta favorable a las tesis municipales, "no vamos a poner pegas", aseguró Rodríguez, que mantuvo que, en caso de que el ministerio pretenda hoy buscar otra forma de retirada de los documentos, supondría "incurrir en un fraude de ley". El equipo de gobierno municipal cree que la decisión del juzgado se producirá en breve. El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, dijo ayer que las "prisas" responden a su intento de utilizar la devolución como elemento de "ánimo y convicción" para cerrar la reforma del Estatuto.

El Ayuntamiento ordenó asimismo "un dispositivo especial" de la Policía Local desde la tarde de ayer y que se mantendrá hoy. Rodríguez apuntó que ese despliegue ya ha tenido su correspondencia en la presencia de la Policía Nacional ayer, "como si los salmantinos fuéramos gente peligrosa". "Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos", dijo.

El portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento indicó: "Tenemos la percepción de que el alcalde está empeñado en que el asunto se prolongue en el tiempo". Según el PSOE de Salamanca, Julián Lanzarote puede incurrir "en un grave delito de desacato a una ley emanada de las Cortes Generales, donde reside la soberanía del pueblo español".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 19 de enero de 2006