El Supremo estadounidense impide que Bush vete la eutanasia en Oregón

Por seis votos contra tres, el Tribunal Supremo de EE UU determinó ayer que el Gobierno federal no puede vetar una ley estatal y frustró así el intento de la Administración de Bush de impedir la eutanasia en el Estado de Oregón. Desde su aprobación en 1997, unos 200 enfermos terminales han utilizado la llamada Ley de la Muerte con Dignidad.

En 2001, el entonces responsable de Justicia John Ashcroft ordenó que se prohibiera la distribución de ciertos medicamentos para ayudar a la muerte, pese a la ley vigente en Oregón. Los magistrados del Supremo han interpretado que el Gobierno de Washington no tiene poder para perseguir mediante una ley federal a los médicos que participen en suicidios asistidos al amparo de esta ley. Oregón es el único Estado de EE UU que cuenta con una ley que permite el suicidio asistido.

Los magistrados del Supremo consideran que Ashcroft se extralimitó en sus competencias al emitir la orden, que, según el Supremo, ni era legal ni se podía poner en práctica. La decisión representa un duro golpe contra la Administración del presidente George W. Bush. Bajo la ley de Oregón, los enfermos terminales que deseen la eutanasia deben obtener un certificado de dos médicos que establezca que al paciente le quedan menos de seis meses de vida y que se encuentra en posesión de sus facultades mentales. En esos casos, el médico prescribe una receta de medicamentos mortales y queda al cuidado de los pacientes el administrárselos.

El caso enfrentaba el poder del Gobierno federal de interpretar las leyes sanitarias en todo el país contra la autoridad de los Estados para regular la práctica de la medicina en sus jurisdicciones. El juez Anthony Kennedy redactó en sus conclusiones que la ley federal no permite que el responsable de Justicia prohíba la prescripción de esos medicamentos si una ley estatal la autoriza. Los tres jueces del Supremo que votaron contra esta decisión son los que se encuentran más a la derecha del espectro político, los magistrados Antonin Scalia, Clarence Thomas y su nuevo presidente, John Roberts, que ayer tuvo la oportunidad, por primera vez, de disentir con la mayoría y decantarse por el lado más conservador.