Columna
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A discreción

En una carta al director dirigida a este diario y titulada ¿Dónde está la ley?, un ciudadano donostiarra nos refería hace unos días su experiencia en un restaurante de la costa vasca donde, después de promulgada la ley antitabaco, se encontró con que algunos clientes y el propio cocinero del establecimiento actuaban como si esa norma no hubiera llegado hasta allí o no fuera con ellos. Relaciono ese sucedido con las declaraciones que hizo, unos días antes de la entrada en vigor de la ley, el secretario general de la Federación de Hostelería del País Vasco y que cito según fueron recogidas en prensa: "Nos consideramos legitimados para buscar la obstrucción de la aplicación de la ley". El sector hostelero tratará de "buscar cualquier resquicio de la ley para luego eludirla", aunque "no podemos aconsejar desobediencia empresarial, porque sería un delito". El mismo responsable afirmó también que "en este país hay muchas leyes que no se cumplen".

Son sólo dos, pero en Euskadi podríamos encontrar muchísimos más ejemplos de actitudes sueltas o relajadas frente a las normas, por no decir directamente desafiantes. Ejemplos cuyo origen creo que hay que buscar en las cumbres políticas. Los vascos llevamos muchísimo tiempo viviendo en una especie de teoría de la relatividad jurídica, o, si se prefiere, en una especie de estado de exención de las interpretaciones comunes y corrientes de la legalidad o de la legitimidad institucional. Preconizados desde arriba. A nosotros, el nacionalismo gobernante nos tiene acostumbrados al "depende" en la aceptación o el respeto de leyes, disposiciones parlamentarias o decisiones judiciales que emanan del marco jurídico general. Aquí llevamos años escuchando a dirigentes de los partidos de Gobierno frases del tipo: "lo que diga tal código no nos importa"; "esto lo haremos quieran o no quieran" -aunque en la práctica signifique "caiga quien caiga"-; "a nosotros eso [ley, resolución o sentencia] no nos afecta, aquí dispondremos por nuestra cuenta". Es decir, llevamos años viendo cómo se alientan públicamente la sospecha institucional y un dependismo jurídico que coloca al lado de muchas normas comunes el cartel de "esto habrá que verlo...o ya se verá según convenga".

Por no hablar de otras interpretaciones, asimilaciones y confusionismos igualmente terribles para la normalidad y la pedagogía democráticas. Y ahí quería yo llegar, a la pregunta de qué porvenir político-convivencial le espera a nuestra sociedad -sea cual sea su diseño-, qué tranquilidad de principios o valores tendremos, si hoy quienes nos gobiernan dicen, y, por lo tanto, siembran, que aspirar a la alternancia en el poder es, por ejemplo, "meter el morro en las instituciones vascas", o si, como acaba de hacer Iñigo Urkullu, colocan en un plano horizontal, equivalente, a ETA con "otras organizaciones armadas, como el Ejército español" (sic).

La antipedagogía democrática que cabe en esas afirmaciones y confusiones, o en esos desplantes dependistas de la legalidad, es infinita. Y parece mentira que quienes nos gobiernan sigan jugando con ese fuego asolador de convivencias y garantías, que sigan sin entender o sin traducir a la lógica de sus propios intereses que deslegitimar a la oposición es también deslegitimarse, que desprestigiar a una institución es poner en entredicho y en la cuerda floja a todas las demás, que considerarse excluido o exento de la aplicación de una norma, abre el grifo para otros desacatos invivibles. Y que ese río revuelto que alientan hoy para aprovechar la pesca, no va amansarse mañana ni de un plumazo ni por decreto autónomo, asociado, federado o insular. Que quien asiste -desde niño o desde siempre- al desafío del marco común, al "depende" en el respeto institucional o legal, y a la confusión demencial entre víctimas y verdugos puede acabar asumiendo que lo normal-normalizado es arrancar los carteles electorales de los otros (o muchísimo peor), fumar donde apetece, y saltarse las reglas y otros "semáforos" a discreción.

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