La vida entre dos fuegos

Ésta es la historia de un grupo de campesinos colombianos, algo más de un millar, que cansados de que les acribillaran decidieron subir al monte y hacer frente a sus asesinos. No tenían alternativa. La otra opción que les quedaba era abandonar sus tierras y engrosar el cinturón de pobreza de las ciudades. "O moríamos aquí, enfrentándonos a los violentos, o en la capital, de hambre, sin tierra ni trabajo. Para salvar nuestras vidas sólo nos quedaba el diálogo y comprender a los que no comprenden", cuenta Donaldo Quiroga, campesino y presidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC). Para acercarse a sus asesinos se ponen a su altura, dicen. Los miran de tú a tú, independientemente de las siglas que representen. Les hacen saber que les consideran como a sufridos campesinos, igual que ellos. No quieren participar en su guerra. No creen ni en los unos, ni en los otros.

"O moríamos aquí, enfrentándonos a los violentos, o en la capital, de hambre. Para salvarnos sólo nos quedaba el diálogo"

"Culpé al proceso de paz de la muerte de mi padre. Luego comprendí que sin él ahora seríamos más huérfanos"

"La paz es menos costosa y mucho más productiva que la guerra", dicen en la asociación de campesinos

Los habitantes de esta zona del centro de Colombia (unos 4.000) llevan años contando demasiados cadáveres. En los setenta y ochenta enterraron más de 500. Hoy mueren menos personas por la guerra, pero la tensión sigue. Los violentos se disputan el poder de la zona. Su región, en el Magdalena Medio, vive más tranquila, pero la coca provoca miedo, desplazados y más muertos.

Ante el abandono que sufren por parte del Estado desde hace un siglo crearon la ATCC. La asociación resuelve desde disputas vecinales o diferencias matrimoniales hasta los problemas con los armados. Su sede se encuentra en un barracón a medio construir en el Corregimiento de La India, localidad donde habitan 400 personas repartidas en tres calles de casas de madera y ladrillo, sin asfaltar, a casi tres horas del pueblo más cercano. Es el centro neurálgico de un área en la que conviven 4.000 campesinos. Una región ensangrentada por el conflicto. Codiciada por sus reservas de gas y petróleo desde hace treinta años, se la disputan paramilitares, la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el ejército, en un conflicto en el que ahora también meten mano los señores de la coca. Los campesinos, por no tener, no poseen ni los títulos de las tierras que trabajan.

"En los 18 años de vida de la ATCC hemos pasado por muchas etapas: hemos sufrido los cambios de poder entre los actores del conflicto, la transformación de la guerrilla, la aparición de los paras, el narcotráfico… Nuestro problema hoy es la coca. Estamos en contra de la droga, pero ¿cómo vamos a decirles a nuestros vecinos que la dejen de plantar si no tienen garantías para vivir?", se lamenta Quiroga. "Y claro, la coca trae dinero fácil, y es muy complicado decirle a nuestros hijos que no se impliquen con los cultivos ilícitos: caen en el facilismo, en el dinero rápido. Y empiezan a venir raspachines [raspadores de la hoja de coca], y con ellos, plata y… problemas de juego, prostitución".

Es el tipo de conflictos que se resuelven en la asamblea, donde pueden votar quienes no están implicados en la guerra ni cultivan cocaína. El control para evitar que se infiltren votos contaminados resulta fácil: la comunidad no es muy grande y todos se conocen. Es imposible no saber quién ha roto el pacto de no colaboración con paras o guerrilleros o quién cultiva una mata ilegal.

Un problema, el de los cultivos ilícitos, para el que sólo ven aceptable una solución: erradicarlos manualmente. La fumigación arrasa los cultivos legales que les sirven de sustento. Pero, además, les envenena. El mismo día que llegaba El País a su poblado, previo aviso a paras y guerrilla para conseguir el acceso, La India enterraba a un bebé de 18 meses muerto por intoxicación.

Tampoco están de acuerdo con las plantaciones de palma como cultivo alternativo, auspiciadas por el Gobierno colombiano y el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, una de las entidades que mayor apoyo ofrecen a esta iniciativa con fondos de la Unión Europea. No lo están porque su plantación exige el cultivo de grandes extensiones de tierra, algo que no poseen. Además, la producción de palma es sinónimo de deforestación, de desaparición de bosques tropicales y de erosión. "Rechazamos cualquier ayuda que vaya contra nuestra tierra. Lo hemos aprendido de los indígenas: no podemos aceptar nada que arrase el futuro de nuestros hijos", afirma Ebiardo Rentería, otro de los miembros de esta asociación en la que conviven indios, negros y blancos. Integrantes de cuatro religiones. "Nos basamos en el respeto mutuo, y no cabría pensar que habláramos con los violentos y no entre nosotros. Hemos ido aprendiendo de cada etnia: de los indígenas, el respeto a la madre tierra; de los negros, su alegría de vivir, y de los colonos, que si queremos hablar de futuro no debemos tumbar todos los árboles", confiesa.

El primero en lanzar la idea de diálogo con los grupos armados fue el campesino Josué Vargas, quien, harto de sangre, se atrevió a romper la criminal ley del silencio. Lo hizo obligado por la situación que atenazaba a sus vecinos, acosados por todos los flancos, que les exigían estar con unos u otros. Era la muerte o la muerte. Se negaron, y entonces, en 1987, nació la ATCC. Semanas más tarde cuajaron las reuniones que desembocaron en la firma de diversos acuerdos de paz con las FARC, el ejército y los paramilitares. Desde entonces, el proceso ha tenido muchos altibajos. Uno de los momentos más críticos fue el asesinato, por parte de los paramilitares, en 1990, de Vargas. Ese día, junto a él, y en mitad del pueblo, los violentos también mataron a Saúl Castañeda y Miguel Ángel Barajas (gestores del proyecto), y a la periodista Silvia Dussán, de la BBC.

Damaris Vargas es secretaria de la ATCC e hija de Josué. "Tuve que irme del pueblo. Tenía 14 años y culpaba al proceso de paz de la muerte de mi padre. Pero luego comprendí que de no haber sido por él, de su iniciativa, hoy seríamos muchos más huérfanos y viudas", cuenta. Como respuesta a los asesinatos, la asociación nombró a otros líderes al día siguiente. Y para tranquilizar a la comunidad emitió un comunicado: "En lugar de hacer acusaciones por el asesinato de nuestros líderes tenemos que intensificar los esfuerzos para acercarnos más a quienes se declaran enemigos nuestros para demostrarles que para nosotros nadie es un enemigo, sean cuales sean los actos que protagonizan quienes quieren destruirnos. Queremos saber por qué quieren matarnos, no nos consideramos enemigos de nadie. Hacemos un llamamiento a todos los grupos armados para dialogar y tratar de detener esta nueva escalada de violencia".

Se trataba de acercarse a ellos, a pesar del odio. Y decir las cosas claras. La transparencia ante el pueblo y los violentos es un mecanismo que les protege. Cuando hoy son citados por cualquier bando acuden en grupo porque "es más difícil que maten a cuarenta", explican. Y lo hacen armados con grabadoras, para que los que no les acompañan puedan escuchar lo que se dice y negocia. Con ese método -el diálogo- resuelven también los problemas cotidianos: ajusticiamientos, roces, robos… "Si en el río aparece un guerrillero o paramilitar muerto exigimos que nos aclaren quién ha sido para que no nos culpen de los muertos de otros", explican.

Así, La India ha ido venciendo al miedo y al silencio. "Lo que unía a la trama civil era la complicidad, el pacto implícito de pertenencia a una cofradía secreta. Se fuera amigo o no de la guerrilla, todo el mundo estaba obligado a guardar silencio. En ese sentido, todos eran cómplices", afirma Alejandro García, autor de un libro sobre este proceso, Hijos de la violencia.

El Gobierno colombiano rechaza esos contactos con unos y otros. En documento oficial, la Presidencia de la República señala: "Ningún funcionario público, ni particular, puede establecer contacto con los grupos armados ilegales. Las pretendidas acciones de contacto o acercamiento, por parte de ciudadanos o autoridades locales, ponen en riesgo la vida de los que las realizan y deslegitiman las acciones de paz del Estado. Adicionalmente tienen implicaciones legales. No hay posibilidad de adelantar diálogos regionales sin autorización expresa del presidente de la República". Los campesinos de La India afirman que su relación con los violentos responde a la falta de actuación del Estado, y piden una audiencia con el Gobierno, que se les niega una y otra vez. "Se empeñan en hablar de paz, pero los muertos los ponemos nosotros. Sucede como en las anteriores conversaciones de paz de Pastrana. Estaban todos: ministros, funcionarios, guerrilleros, ejército, observadores internacionales…, pero no nosotros, los que sufrimos la guerra. El Gobierno nos tacha de guerrillos porque hablamos con ellos, pero lo único que decimos es que la neutralidad que propugnan nos mata. Proponemos el diálogo. Nuestra intención es desarmar al Estado de su mentalidad guerrera", sigue Quiroga.

"Con el dinero que se gasta para formar a un soldado campesino, nosotros creamos tres planes de desarrollo para nuestros jóvenes. Hoy, ellos no tienen futuro y acaban participando en la guerra sin más ideología que un salario", señala. Pese a que están lejos de compartir la visión estatal del conflicto, ellos continúan creyendo en las instituciones. Constantemente piden al alcalde más cercano, a seis horas de camino en todoterreno, que les ponga un puesto de policía, que lleve psicólogos para atajar la violencia intrafamiliar, que la justicia llegue a su comunidad…

Lo hacen cada vez que les visita, en asamblea abierta y anunciada por megafonía, en la que todos pueden hablar. Así es como se escucha a un adolescente solicitar camisetas para las chicas: "Siempre que se piensa en deporte, se piensa en los chicos, pero ellas también tienen derecho a jugar al fútbol, y, señor alcalde, que sean ceñiditas…". A una madre, apoyo psicológico: "Hay niños a los que ni los profesores ni los padres sabemos tratar". En una de esas reuniones se entregó un día a un violador al que el pueblo protegió hasta que llegó la policía. Eso sí, previa firma de documento en el que ésta se comprometía a respetar los derechos humanos del acusado. También hay tiempo para entrar de lleno en el análisis de las causas de la guerra o de la pobreza.

La ATCC ve en la economía su salvación. Actualmente se empeña en un plan de desarrollo a diez años vista que, entre otras cosas, demanda que se resuelva el problema de la falta de registro de las tierras. Piden también dinero, pero no a fondo perdido, sino créditos de amortización a largo plazo. Proponen un proyecto vial, de mecanización, de fomento agrícola; campañas de medicina preventiva; un sistema de prevención de las riadas que año a año inundan sus veredas. "Armar y sostener a un hombre vale un millón de pesos al año; por tanto, el plan cuesta lo que vale armar y sostener anualmente a 470 hombres, un número inferior a los armados en el territorio. La paz es menos costosa y mucho más productiva que la guerra".

Y a pesar de los muertos, de los créditos que no llegan, del silencio de los medios sobre su iniciativa, de haber tenido que abandonar el pueblo por amenazas de ambos bandos y del miedo a que los violentos no cumplan lo pactado, Quiroga persiste en su optimismo. Ahora les alienta el hecho de no estar solos: ya son una decena los grupos de campesinos e indígenas que hablan al Estado de desarme, de derrotar con palabras a la guerra de las armas.