Salud reconoce su culpa

Hay ocasiones en las que la Administración reconoce su culpa. No es habitual, y menos en la sanidad pública, pero ocurre de vez en cuando. Hace unos días, por ejemplo, el Instituto Catalán de la Salud (ICS) admitió su error y ha abonado 80.657 euros a la viuda y a los dos hijos de un paciente fallecido en el hospital Arnau de Vilanova de Lleida en 2003. "Por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la asistencia sanitaria recibida", dice el acuerdo entre las partes, que acaba con tres años de litigios, primero ante la Generalitat y después ante los tribunales.

Dicho de manera sintética, lo que provocó la muerte de Josep Farré Calderó, de 73 años, fue un error en el diagnóstico. El 30 de diciembre de 2002, cuando acudió a ese hospital, los servicios de urgencia no le detectaron una infección que sufría en la rodilla izquierda y de la que el paciente se quejaba amargamente.

Su esposa, de profesión ATS, explicó al médico que podía tratarse de una sepsis generalizada, porque el hombre llevaba varios días con fiebre, y le sugirió la realización de un análisis y otras pruebas. Sin embargo, el facultativo que le atendió le prescribió un vendaje y calmantes, y lo envió a casa. Horas después, la esposa regresó al hospital e insistió al doctor en que no remitía ni la fiebre ni el dolor, pero aquél se ratificó de nuevo en el tratamiento, sin acudir al domicilio a visitar al paciente.

Un día después, el dolor era tan extremo que el hombre regresó de urgencias al hospital y semiincosnciente. Los médicos sí acertaron entonces en el diagnóstico, pero era demasiado tarde. Le extrajeron 100 centímetros cúbicos de pus, pero entró en coma y falleció el 13 de febrero de 2003.

"Todo el mundo se puede equivocar, pero en el caso de mi padre hubo una concatenación de errores que le llevó a la muerte porque los servicios médicos no funcionaron correctamente", asegurá Bernabé Farré, hijo del fallecido. "No se cumplieron los protocolos mínimos de actuación en casos similares y eso resulta inadmisible", añade.

Tras la muerte, la familia presentó una reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración. El ICS acumuló el asunto a las decenas de casos pendientes de resolución y así fueron pasando los meses. El pasado mes de octubre, ante la pasividad de la Administración, la familia acudió a los tribunales y presentó un recurso contencioso administrativo. El 7 de noviembre EL PAÍS publicó que el Síndic de Greuges había habierto una investigación para aclarar la tardanza del ICS en resolver algunas reclamaciones de los ciudadanos, entre ellas las de los familiares de Josep Farré, y ese mismo día, el abogado de la familia recibió una oferta económica de indemnización para que retirase la demanda. "Resulta una sorpresa agradable que la solución del caso llegue cuando trasciende la investigación del Síndic", asegura el abogado Rafael Núñez.

Los familiares siempre se habían resistido a aceptar el dinero y defendían un proceso judicial contra los médicos, probablemente porque no tienen problemas económicos, pero al final acabaron aceptando la realidad. Y es que, descartada la vía penal porque es muy difícil imputar un delito en un caso así, no quedaba más remedio que el contencioso administrativo, que puede tardar años en resolverse, para acabar también con una indemnización.

Bernabé Farré considera que lo que ha hecho su familia es "un deber de ciudadanía" y anima a la sociedad a actuar así, dejando de lado el móvil económico. "Si queremos una sanidad mejor, ésta es una forma más de lograrlo", asegura.