El Estatuto que propone Zapatero reduce las competencias exclusivas

La alternativa del Gobierno al proyecto de Estatuto aprobado por el Parlamento catalán limita el alcance de las competencias exclusivas de la Generalitat, supeditándolas a la normativa básica estatal con rango de ley, y reduce su número (18) convirtiendo parte de ellas en competencias compartidas. Remite la concreción del título sobre justicia a lo que disponga la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aunque acepta la creación del Consejo de Justicia de Cataluña. El deber de conocer el catalán se mantiene para los ciudadanos de Cataluña, pero se matiza para acceder al ejercicio de cargos judiciales. El Gobierno deja en blanco el artículo que define a Cataluña como nación y suprime el adjetivo nacional referido a Cataluña.

El Gobierno y el PSOE han entregado a los cuatro grupos parlamentarios catalanes que apoyan la reforma del Estatuto de Autonomía un texto articulado elaborado como alternativa al proyecto, que ambas partes llevan varias semanas negociando.

La parte de texto alternativo correspondiente a la financiación de la Generalitat fue dada a conocer a los medios de comunicación el viernes pasado y ha sido rotundamente rechazada por los partidos catalanes, que la consideran inaceptable. En cambio, el resto del articulado alternativo ha merecido una consideración distinta, pues las discretas negociaciones han sido calificadas en público como esperanzadoras por los dirigentes catalanes.

Los negociadores catalanes elogian en privado la posición y la actitud política del responsable gubernamental en estas negociaciones, el Secretario de Relaciones con las Cortes, Francisco Caamaño. Y la contraponen a la de los autores de la alternativa al capítulo de la financiación, de quienes, ayer mismo, el líder de ERC, Josep Lluís Carod, dijo que "van en camino contrario" al del presidente Rodríguez Zapatero.

Los negociadores disponen de un texto en dos columnas, la primera con el proyecto aprobado por el Parlamento catalán, y la otra con la alternativa ofrecida por el Gobierno. La excepción a este esquema es el artículo primero, que en el proyecto reza "Cataluña es una nación" pero en el texto alternativo figura en blanco. En cambio, el adjetivo nacional referido a Cataluña ha sido suprimido en todos los artículos de la alternativa.

Un tratamiento más matizado tienen la palabra España y el adjetivo español, que el Gobierno propone introducir en algunos puntos de especial significación. Como, por ejemplo, en la definición de la condición política de ciudadano catalán, de la que gozan "los ciudadanos españoles que tienen vecindad administrativa en Cataluña".

La alternativa gubernamental ha dejado intactos los dos títulos del Estatuto que consiera "interiores" de Cataluña: el relativo a derechos y deberes sociales y el relativo a las instituciones catalanas.. En cuanto a las competencias, la alternativa acepta que el proyecto de Estatuto defina las características de las competencias de la Generalitat, que se dividen en exclusivas, compartidas y ejecutivas. En la definición de competencia exclusiva elimina la palabra "excluyente" y la afirmación de que "únicamente" la ejerce la Generalitat.

En la definición de competencia compartida con el Estado, la propuesta del Gobierno es que corresponda a la Generalitat la potestad legislativa, la reglamentaria y la ejecutiva "en el marco de las bases que fije el Estado en normas con rango de ley".

"Normativa básica"

Éste es uno de los puntos que puede ser más conflictivo en la negociación del Estatuto, pues la mayoría de las competencias de la Generalitat son compartidas y uno de los objetivos principales de la reforma estatutaria es precisamente la pretensión de los partidos catalanes de impedir la invasión del ámbito competencial de la Generalitat por el Estado a través de la "normativa básica".

A ello se añade que la alternativa del Gobierno propone definir como compartidas competencias que el proyecto define como exclusivas, en particular en materias relacionadas con la economía. Así, pasan a compartidas las competencias sobre cajas de ahorros, crédito y banca, ordenación del sector pesquero, publicidad y promoción de la competencia.

El Gobierno y el PSOE eliminan en su alternativa la exigencia de que el nombramiento del presidente de la Generalitat, que firma el Rey, deba ser firmado también por el presidente del Parlamento catalán. También se elimina toda alusión a la preeminencia protocolaria del Presidente de la Generalitat, al que el proyecto coloca después del Rey

Respecto a la Justicia, la alternativa del Gobierno acepta que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sea la instancia en que culmina la organización judicial en esta comunidad autónoma, y última instancia salvo para el recurso de unificación de doctrina. También acepta la creación del Consejo de Justicia de Cataluña, encargado del gobierno del poder judicial como "órgano desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial". Pero la composición de este consejo se remite a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.