Rice defiende las operaciones de la CIA porque "salvan vidas"

Al pie del avión que la llevó ayer a Berlín, Condoleezza Rice defendió la práctica de las "entregas" -transferencia de detenidos a sus países de origen o a terceros países para interrogarles-, pero negó que EE UU permita o tolere la tortura. La secretaria de Estado defendió las operaciones encubiertas "porque salvan vidas europeas", y dijo: "Depende de los Gobiernos y sus ciudadanos decidir si quieren trabajar con nosotros para prevenir atentados y cuánta información reservada pueden hacer pública. Tienen el derecho soberano de tomar esa decisión".

En otras palabras, los Gobiernos saben qué es lo que se hace. Éste es el planteamiento estadounidense para tratar de capear el temporal causado en Europa por las informaciones sobre centros secretos de detención y vuelos fantasma. Aunque nunca antes un representante de Washington había explicado con tanto detalle la lógica de estas operaciones secretas, la secretaria de Estado no admitió preguntas de los periodistas y no abordó directamente las acusaciones de que la CIA tiene prisiones clandestinas. "No podemos hablar sobre informaciones que comprometerían el éxito de operaciones militares, policiales o de inteligencia; confiamos en que otras naciones compartan este punto de vista".

Lo que sí hizo Condoleezza Rice fue decir que EE UU lleva "décadas" cooperando con sus aliados en la política de "entregas" y construir un argumento para justificar las prácticas denunciadas como violaciones de derechos humanos. "Las entregas ponen fuera de juego a los terroristas y salvan vidas. Y no están prohibidas por las leyes internacionales" (...) Consideramos a los miembros de Al Qaeda y sus aliados combatientes ilegales que pueden ser retenidos, de acuerdo con las leyes bélicas, para evitar que maten a inocentes. Debemos llevar a estos terroristas a la justicia siempre que sea posible, pero hay muchos casos en los que los Gobiernos locales no pueden detener o procesar a un sospechoso, y las extradiciones tradicionales no son opciones adecuadas. En esos casos, los Gobiernos locales pueden decidir, de manera soberana, prestar su cooperación para transferir a un sospechoso a un tercer país, que es lo que se conoce como entrega". Algunas veces, dijo Rice, "estos esfuerzos no son bien entendidos".

Bien o mal entendidos, esos "esfuerzos" están en el centro de las investigaciones abiertas por media docena de países, entre ellos España, para tratar de aclarar los detalles de las escalas de los vuelos en los que presumiblemente viajan los detenidos y los centros en los que se les interna. Rice aseguró que EE UU respeta la ley y no permite la tortura, y que los organismos de seguridad de los países aliados trabajan con los estadounidenses para conseguir información: "Los datos obtenidos de un número muy pequeño de detenidos extremadamente peligrosos han evitado atentados terroristas y han salvado vidas inocentes, en Europa, en EE UU y en otros países". Y en la misma onda de trasladar la presión a los aliados, añadió: "Confío en que el debate

[de esta gira europea] incluya una sana consideración sobre las responsabilidades de los Gobiernos a la hora de proteger a sus ciudadanos".

Hace un mes, The Washington Post publicó que la CIA mantiene una red de cárceles secretas en varios países del mundo y que vuelos especiales trasladan a prisioneros. Esos vuelos habrían hecho escala en Alemania, Reino Unido, España y varios países del Norte de África. Rumania, uno de los cuatro lugares que Rice visita, fue señalado -junto a Polonia- por la organización Human Rights Watch como uno de los posibles países en los que había centros de detención, aunque el grupo aclaró que no tenía datos como para saber si las autoridades estaban al tanto.

La Constitución y las leyes de EE UU prohíben tanto la existencia de cárceles secretas para detenidos como el uso de la tortura en interrogatorios. El Senado aprobó hace más de un mes por 90 votos contra 9 reiterar la prohibición y extenderla a todos los organismos dependientes de la Administración en cualquier lugar del mundo en el que se encuentren. La Casa Blanca, con el vicepresidente Cheney al frente, trata de negociar un acuerdo -antes de que la ley se vote en la Cámara de Representantes- para conseguir algún tipo de excepción para las operaciones de la CIA.