Barroso rechaza el presupuesto europeo de Blair, que fija una rebaja de 25.000 millones

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, rechazó ayer abiertamente la propuesta británica de Perspectivas Financieras 2007- 2013 (el marco de los presupuestos de la UE para este periodo), que supone un recorte de 24.760 millones de euros respecto al proyecto de la presidencia Luxemburguesa de hace seis meses. A las críticas de Barroso se sumaron inmediatamente las de Francia, España y Bélgica. La propuesta que presentó ayer el ministro de Exteriores de Reino Unido, Jacques Straw, mantiene el cheque británico, pero ofrece a cambio una contribución adicional.

La propuesta británica reduce el gasto de la Unión Europea a 846.754 millones de euros, equivalentes al 1,03% del PIB comunitario. Se trata de una rebaja sustancial de la propuesta de la presidencia de Luxemburgo, efectuada hace seis meses, equivalente al 1,06% del PIB de la Unión y que no prosperó porque muchos Estados consideraron insuficientes algunas partidas del gasto y Reino Unido mantenía el privilegio de su cheque.

Los principales recortes afectan a los fondos estructurales, que pasan de 381.604 a 368.910 millones de euros para el conjunto del periodo, lo que supone un recorte de 12.694 millones de euros. Las ayudas al desarrollo rural también registran un fuerte recorte, de 8.336 millones de euros, y los pagos directos a agricultores se reducen en unos 2.000 millones de euros. Blair también propone ahorrar unos 1.000 millones de euros en gastos de administración.

La reacción al recorte británico no se ha hecho esperar y ha sido especialmente dura por parte del presidente de la Comisión Europea. Para Barroso, "la propuesta de la presidencia británica no es aceptable. No es realista". "Esta propuesta", añadió, "plantea un presupuesto para una Europa en miniatura, no una Europa fuerte como la que necesitamos". El presidente de la Comisión precisó: "Nuestra ambición es una Europa abierta, moderna y ampliada. Para lograrlo, la Unión debe tener los medios para desarrollar las políticas acordadas con los Estados miembros, el Parlamento y la Comisión". Barroso precisó que "la propuesta debe, en particular, ser más equitativa con respecto a los nuevos Estados miembros".

España es uno de los países que sale peor parado. En primer lugar, no tiene la garantía de continuar siendo receptor neto durante todo el periodo, como pretende el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Straw se limitó a decir ayer que "España sería receptor neto durante el conjunto del periodo", sin asegurar si también lo sería en 2013. En la propuesta de Luxemburgo, el saldo neto de España se reducía ya a 5.000 millones de euros, frente a los 48.000 del periodo anterior. Una reducción que España consideró inaceptable y que tenía dos causas principales: el aumento generalizado de la riqueza en España durante los últimos años y los efectos de la ampliación, que ahora canaliza las ayudas hacia los nuevos pobres.

La pérdida de recursos afecta también a los fondos de cohesión, de los que España recibió unos 11.000 millones en el periodo anterior y ahora con la propuesta británica sólo recibe 2.800 millones, los mismos ya previstos hace seis meses. Al centrarse el grueso de los recortes en los fondos estructurales, las posibilidades de España de mejorar su posición respecto a junio son realmente difíciles.

El malestar generalizado de la mayoría de los países es por el mantenimiento por parte de Reino Unido del cheque, la compensación que logró en 1984 la primera ministra Margaret Thatcher por recibir muy pocas ayudas agrícolas. En la propuesta presentada ayer el cheque aumenta de 5.000 a 7.000 millones de euros anuales, en buena parte por efectos de la ampliación.

Para moderar esta distorsión, la presidencia británica ofreció una contribución de unos 8.000 millones de euros. Straw precisó: "La propuesta que hacemos hoy supone que nuestra contribución se eleva a 58.000 millones de euros en siete años". El cheque irrita especialmente a Francia, Italia y España, que son los principales contribuyentes.

España contribuye con unos 700 millones de euros y, si no se modifica, pasará a pagar unos 1.000 millones anuales al final del periodo. Los países de la ampliación sufren un recorte importante en los fondos estructurales de 14.000 millones de euros, un 8,5% menos respecto a la propuesta de Luxemburgo.