La ejecución número 1.000 aviva el debate de la pena de muerte en EE UU

Kenneth Lee Boyd, el ejecutado número 1.000 tras la reanudación de la pena de muerte en EE UU, murió a las 2.15 de ayer en Raleigh, Carolina del Norte, después de recibir una inyección letal. Boyd, de 57 años, fue condenado por el asesinato de su mujer y de su suegro en 1988. En EE UU sigue habiendo una mayoría de la población a favor del castigo máximo, pero aumentan los que condenan la pena de muerte mientras desciende el número de condenados y de ejecutados. "Dios bendiga a todos los que están aquí", fueron las últimas palabras de Boyd en la cámara de ejecución.

Boyd se refería a su nuera, Kathy Smith -casada con un hijo que el condenado había tenido en un primer matrimonio- y a un religioso. En una entrevista con la agencia Associated Press dos días antes de la ejecución, Kenneth Boyd -que nunca negó su culpabilidad y batalló sin éxito para conmutar la sentencia por otra de cadena perpetua- lamentó la vinculación con la cifra del millar: "No me gusta nada que se me recuerde por esto; no me gusta la idea de ser un número".

Sam Page, sheriff del condado, dijo después de que se certificara la muerte de Boyd que era el momento de recordar a las víctimas: "Esta noche se ha hecho justicia". El abogado del ejecutado, Thomas Maher, opinó que la ejecución no había servido "para que el mundo sea mejor o más seguro". En su opinión, compartida por casi dos centenares de personas que protestaron ante la puerta de la cárcel y por muchos más en EE UU, "la cifra de los 1.000 ejecutados es un hito del que deberíamos avergonzarnos".

En 1988, Boyd descargó su Magnum calibre 357 sobre su mujer, de la que se había separado. Christopher, uno de los hijos de la pareja, quedó bajo el cuerpo muerto de la madre y de allí escapó y se metió debajo de una cama. Otro de los hijos le quitó la pistola a Boyd cuando intentaba volver a cargarla. Después, llamó a la policía y dijo: "He disparado a mi mujer y a mi suegro, vengan a detenerme", relató en el juicio la fiscal, Belinda Foster, para la que había argumentos suficientes como para justificar la condena. La defensa de Boyd argumentó que había estado en Vietnam, donde manejaba una excavadora, y que su desequilibrio se debía a la tensión sufrida.

Pausa de 10 años

En 1976, en plena oleada de criminalidad, el Tribunal Supremo falló a favor de la reanudación de las ejecuciones, después de una pausa de 10 años. La primera condena se aplicó un año después. En 1999 hubo 98 ejecutados. Desde entonces, las condenas han descendido en un 50%, y las ejecuciones, en un 40%, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, que cree que "la cifra de las mil ejecuciones ayuda a reflexionar" en un momento en el que "disminuye claramente su aplicación: hay menos sentencias, hay menos personas esperando la ejecución y el apoyo popular también desciende". En opinión de Richard Dieter, director del centro, "hay señales claras de que este país está replanteándose el asunto".

El descenso de la criminalidad, las dudas sobre la eficacia disuasoria de la pena capital, las malas defensas que sufren muchos acusados sin recursos para pagarse un buen abogado y los avances en las técnicas de ADN -que han contribuido a demostrar la inocencia de más de un centenar de condenados a muerte- se han reflejado en la sociedad. En 1994, la pena de muerte era respaldada por el 80%; según el último sondeo Gallup, esa cifra es ahora del 64%. Y si se plantea la alternativa de que los criminales culpables sean condenados a cadena perpetua sin posibilidad de salir de la cárcel, el apoyo a la pena de muerte se reduce al 50%.

El presidente Bush, que está con la mayoría favorable a la pena máxima -sobre todo republicanos (77%), pero también independientes (62%) y demócratas (55%)- y que cree que "contribuye a salvar vidas de inocentes", ha lanzado una iniciativa para extender el empleo de las pruebas de ADN en las investigaciones criminales, según dijo ayer su portavoz, Scott McClellan. En los últimos 30 años, esas pruebas han sacado del corredor de la muerte a 122 personas y han obligado a algunos gobernadores y Estados a replantearse el asunto. Illinois y Nueva Jersey han adoptado moratorias en todas las ejecuciones pendientes; comisiones parlamentarias de California y Carolina del Norte revisan sus normas, y Nueva York ha anulado la aplicación de la pena.