Expertos y jefes religiosos, a favor de la abolición
La pena de muerte está en vigor en 38 de los 50 Estados de EE UU, pero se aplica con una cierta regularidad en la mitad. Tejas tiene el récord con 355 ejecuciones desde 1976, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. Le siguen Virginia con 94, Oklahoma con 79, Misuri con 66 y Florida con 60. Más de 3.300 condenados agotan recursos y peticiones de clemencia en el corredor de la muerte.
En contra de la pena de muerte cuenta la opinión de los expertos -el 84% de los responsables de los centros de criminología cree que no disuade a los criminales- y los testimonios de algunas familias de víctimas, aunque muchos otros creen que sólo una ejecución concluye la pesadilla del asesinato de los suyos y les da la oportunidad de cerrar esa etapa.
Diversas iglesias, entre ellas la católica -la Conferencia Episcopal pidió la abolición hace un año-, juegan también un papel destacado. Esta semana, un millar de líderes de una docena de confesiones religiosas han pedido la anulación de las ejecuciones "por ineficaces, injustas e imprecisas".
Errores fatales
Además de argumentar su oposición moral y de afirmar su creencia en "la santidad de la vida y la capacidad humana de cambiar", los pastores, sacerdotes y reverendos llaman la atención sobre el efecto desproporcionado que sufren los negros -el 34% de los ejecutados, cuando son el 11% de la población- y sobre los errores fatales que se pueden cometer. El cardenal William Keeler, arzobispo de Baltimore, ha rezado junto a un condenado a muerte pendiente de ejecución, Wesley Baker, y ha pedido la conmutación de la pena al gobernador de Maryland.
Un número creciente de conservadores se suma también a los enemigos de la pena de muerte. En el indulto de un condenado en Virginia esta semana jugaron un papel destacado las peticiones firmadas por el ex responsable de Justicia del Estado, Mark Earley, y otras personalidades.
¿Se llegará a la abolición? Es difícil a corto plazo, pero si las tendencias de la opinión se mantienen y se extiende la corriente de revisión que ha empezado en algunos Estados, es muy posible. En todo caso -y ésa es quizá la mejor esperanza- no depende de la clase política, sino del poder judicial. El 1 de marzo de este año, el Supremo -que en 2002 prohibió las ejecuciones de retrasados mentales- abolió la pena de muerte para los menores de edad. En el libro La pena máxima, el abogado y escritor Scott Turrow escribe que el Tribunal Supremo "en algún momento concluirá que la pena capital y la promesa de un proceso legal justo son incompatibles".
