El Gobierno alega contra el recurso del PP a la ley del matrimonio gay

El Gobierno, a través del Abogado del Estado, ha solicitado al Tribunal Constitucional que desestime el recurso de inconstitucionalidad del PP contra la ley del matrimonio homosexual, al entender que lo que sería "posiblemente inconstitucional" es no establecer para los homosexuales un matrimonio en plena igualdad con el de las parejas heterosexuales, confundiendo "la moral de algunos con el Derecho de todos".

El abogado del Estado explica que a lo único que obliga la Constitución es a mantener el derecho del hombre y la mujer en condiciones de igualdad, y a partir de ahí se abre "un amplio espacio de decisión para el legislador" con sólo dos límites: no se puede suprimir el derecho a contraer matrimonio y sería constitucional que el legislador optara por un matrimonio exclusivamente heterosexual.

Pero respetando esos límites, el legislador goza de amplio margen para adoptar dos decisiones igualmente constitucionales: establecer un matrimonio heterosexual y una unión civil homosexual de idéntico contenido, o admitir un matrimonio que dé cabida a parejas homosexuales y heterosexuales en condiciones de plena igualdad, que es lo que ha hecho el Gobierno.

"A nuestro juicio, sería posiblemente inconstitucional no establecer ningún cauce jurídico semejante en derechos y obligaciones al matrimonio para las uniones homosexuales", añade el escrito de alegaciones. El abogado del Estado cita un dictamen del Consejo de Estado según el cual, la prohibición de discriminación del artículo 14 y el principio de libre desarrollo de la personalidad del artículo 10.1 determinan "la obligación de regular las uniones homosexuales", dado que en caso contrario habría una discriminación indirecta.

Conciencia social

El Gobierno responde al recurso del PP que el matrimonio civil heterosexual y el matrimonio religioso siguen estando vigentes, por lo que "no parece que haya limitación de la institución que la haga inviable". Además, la conciencia social ha cambiado en su percepción de la homosexualidad permitiendo integrar a las parejas del mismo sexo en el matrimonio, sin que por ello padezca la imagen social de éste.

Echando una mirada a la historia, el escrito recuerda que la homosexualidad se consideró pecado, enfermedad o anomalía psíquica y "por supuesto, delito". Pero "en una sociedad moderna, en la que hay un evidente cambio de las convicciones sobre las parejas del mismo sexo, no parece que nos pueda servir como criterio para definir el futuro".

El abogado del Estado asegura que " la mayoría de las confesiones religiosas consideran la homosexualidad como un comportamiento desviado, merecedor de desaprobación". Así, en la negativa al acceso de homosexuales al matrimonio "estaría la confusión entre el matrimonio civil y el religioso, que todavía subsiste" y que confunde "la moral de algunos con el Derecho de todos".

El escrito rechaza también que el "interés del menor" impida la adopción, ya que estudios psicológicos indican que apenas existen diferencias entre menores criados por parejas heterosexuales y homosexuales.