El Tribunal de Cuentas fiscalizará el gasto del Gobierno en el 'plan Ibarretxe'

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas fiscalizará todos los gastos que ha realizado el Gobierno para elaborar y difundir el plan Ibarretxe. Ésta es una de las auditorías incluidas en el programa de trabajo del principal órgano fiscalizador de la comunidad autónoma para 2006. La revisión de los gastos del plan Ibarretxe y su análisis de legalidad se han introducido a petición del PSE, que mostró su satisfacción por esta circunstancia. La Comisión de Economía del Parlamento aprobó ayer por asentimiento las prioridades de fiscalización del tribunal, como ha venido siendo habitual en los últimos años. El organismo auditor, que actúa por delegación de la Cámara, fiscaliza la gestión económica y financiera del sector público de la comunidad autónoma, además de aquellas personas, entidades y sociedades que reciben fondos de carácter público.

Entre 2002 y 2004, el Ejecutivo desarrolló numerosas acciones y campañas de difusión del proyecto del lehendakari. La oposición ya cuestionó en su momento esta iniciativa por entender que se estaba gastando dinero público para promocionar una propuesta partidista de reforma estatutaria. Antes incluso de que el Consejo de Gobierno diese luz verde al texto, el Ejecutivo reconoció un gasto de 400.000 euros en mitines en Euskadi y viajes al extranjero para difundir el proyecto. También llegó a buzonear en los domicilios hasta 800.000 folletos.

Minutos antes de que comenzara la sesión de la Comisión de Economía, PNV, EA, PSE y PP se pusieron de acuerdo para eliminar algunas de las peticiones incluidas en sus respectivos listados y hacer así más factible el trabajo del tribunal. Ezker Batua, Aralar y EHAK no estuvieron presentes. Junto a las demandas del Parlamento, el órgano fiscalizador tiene que hacer frente a las auditorías que ya realiza periódicamente.

El PSE es el partido que más propuestas ha incluido en el plan de trabajo del tribunal. Además de la auditoría sobre el plan Ibarretxe, ha propuesto la fiscalización del programa Bizigune de gestión de viviendas vacías, de las ayudas a las víctimas del franquismo, del plan plurianual de inversiones de la Universidad del País Vasco y del Museo Guggenheim. También ha pedido auditar algunos aspectos del Ayuntamiento de Vitoria (contrato de limpieza de la ciudad y auditorio) y del Ayuntamiento de Bilbao (convenios urbanísticos).

EA defendió las fiscalizaciones de los ayuntamientos de Mungia, Legutiano y Pasaia en los años 2004 y 2005, mientras que el PNV incluyó las auditorías de los municipios de Etxebarri, Gatika, Lasarte, Ormaiztegi y Sopuerta, y la actuación de la Diputación de Álava en las obras de la autopista Éibar-Vitoria. Por su parte, el PP solicitó la fiscalización de los ayuntamientos de Llodio, Orozko, San Sebastián y Salvatierra.