ERC e IV presentan leyes de memoria histórica ante la "pasividad" del Ejecutivo

Los socios preferentes del Gobierno, Esquerra Republicana de Cataluña e Izquierda Verde (IU-ICV) han decidido no esperar más la ley de recuperación de la memoria histórica prometida por el Gobierno hace más de un año y retrasada en tres ocasiones. Esta semana, previsiblemente el viernes, tres días antes de que se cumplan 30 años de la muerte de Francisco Franco, ambos presentarán sendas proposiciones de ley en las que se promueve la recuperación de la memoria histórica, se resuelve la anulación de los juicios sumarísimos del franquismo, se rehabilita moral y económicamente a las víctimas y se prohíben o reconvierten los símbolos aún visibles de la dictadura, como el Valle de los Caídos.

Ambos grupos tenían estas iniciativas en el cajón, porque esperaban que la Comisión Interministerial para el Estudio de las Víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo concluyera sus trabajos y fuera el propio Gobierno quien, con más documentación y medios, presentara una ley sobre un asunto complejo que abarca múltiples facetas. Pero ante la "pasividad" del Ejecutivo, en palabras de los diputados Joan Tardà (ERC) y Joan Herrera (Izquierda Verde), la llegada del aniversario, y como medida de presión, han redactado las propuestas y se preparan para introducirlas en el registro.

Represaliados ancianos

Ambos grupos explican también que tienen muchas presiones de grupos de represaliados y familiares, muchos de ellos muy ancianos, y por tanto con una necesidad urgente de que se resuelva ya este asunto. Además, temen que si no se comienza ya la tramitación de una ley tan compleja la legislatura acabará sin que se haya aprobado. En cualquier caso, tanto ERC como Izquierda Verde se muestran dispuestas a retirar sus propuestas si el Ejecutivo presenta la suya.

El Gobierno ha trabajado intensamente durante más de un año sobre este asunto, en una comisión encabezada por la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega. Desde este departamento se limitan a comentar que "no hay novedades" sobre este proyecto y recuerdan que es algo que requiere "calma y trabajo por su complejidad". Los socios creen que son más bien razones de oportunidad política, y el deseo de no abrir otro frente con la oposición en este momento, las que llevan al Ejecutivo a retrasar la aprobación del proyecto.

La propuesta de ERC tiene 12 títulos, cuyos aspectos más novedosos consisten en anular todos los juicios franquistas, entregar 12.000 euros a los familiares de fusilados, restitución de bienes a la masonería, reparación a homosexuales, judíos, gitanos, testigos de jehová o similares. Se propone restituir a los ciudadanos el dinero incautado por el franquismo y a todas las instituciones republicanas, los bienes requisados. Además, se exige identificar los centros de la represión y su recuperación arqueológica como lugar para recordar a los represaliados. Por último, ERC escribe: "Corresponderá al jefe del Estado formalizar en nombre del Estado español las demandas de perdón a las víctimas del levantamiento militar".

Izquierda Verde propone cuestiones similares, aunque está realizando con más detalle la parte de la anulación de los juicios, tal vez la más compleja técnicamente. Para ello ha contado con la ayuda de Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal anticorrupción, que se ha encargado de redactar esta parte de la proposición de ley. IU-ICV propone además la creación de un Instituto de la Memoria Democrática, situado en el Valle de los Caídos -de donde propone sacar las tumbas de Franco y José Antonio Primo de Rivera- que se ocupe de difundir la historia de la represión. Además, la iniciativa de este grupo contempla la retirada de todos los símbolos franquistas, incluidos los nombres del callejero dedicados a representantes del régimen.