La Audiencia de Salamanca niega al Ayuntamiento la tutela del Archivo

La Audiencia Provincial de Salamanca ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de la ciudad en el que éste reclamaba el reconocimiento de la tutela de la posesión de los fondos del Archivo de la Guerra Civil, de modo que se garantizara la permanencia en Salamanca de todos esos fondos documentales frente a los acuerdos del Gobierno de la nación. El auto de la Audiencia, que cierra el proceso, también condena al Ayuntamiento al pago de las costas del recurso.

La resolución de la Audiencia Provincial, que respalda totalmente el auto dictado el pasado mes de mayo por la titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Salamanca que no admitió a trámite el recurso, anula una de las vías en las que confiaba el equipo de gobierno popular del Ayuntamiento de la capital para evitar la salida de fondos de titularidad estatal. En el "interdicto de retener la posesión" presentado ante el juzgado, el Ayuntamiento fundamentaba su reclamación en que había sido "inquietado, perturbado o despojado de la posesión de un bien" e "inquietado en su posesión pacífica", ya que acreditaba encontrarse obligado a "conservar y custodiar los bienes de Patrimonio que están en su término municipal" y afirmaba hallarse en el "disfrute de ese derecho". Además, se achacaba al Gobierno que las decisiones de éste "son fruto de la actividad política, y no de actos administrativos".

Insistencia del PP

Esa argumentación es la que ha rechazado el auto de la Audiencia Provincial al respaldar la resolución judicial de la primera instancia. Frente a la insistencia del grupo popular del Ayuntamiento en el sentido político de las decisiones del Gobierno, el auto recuerda la doctrina de que se trata de actos administrativos "para encuadrar correctamente el tema de debate y no llegar a la interpretación al absurdo", como había sostenido el fiscal al oponerse a las aspiraciones de posesión planteadas por el demandante. También se precisa que "un acto de Gobierno, un acto político, que procede del Consejo de Ministros, debe lógicamente gozar al máximo del privilegio de inmunidad jurisdiccional y no al contrario, como se pretende al intentar el control de su actividad por un juez civil". Frente a las acusaciones de indefensión mantenidas en el recurso, el auto establece que "no se produce indefensión alguna", ya que "el auto recurrido ya advierte de que siempre será posible el control por las Cortes Generales, en su caso el que pueda ejercer el Tribunal Constitucional o la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que es realmente la competente para enjuiciar actos del Gobierno".

El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Fernando Pablos, ha calificado el auto como "un nuevo varapalo" judicial para el alcalde, Julián Lanzarote, que se obstinó en presentar el recurso en contra del criterio de los técnicos, y ha indicado que las costas deberá pagarlas el PP, ya que el alcalde y su equipo "no pueden seguir instrumentalizando la institución".