Si pudiera volver atrás

"CiU sigue manteniendo intacta su voluntad de implicación en el Gobierno de España", declaraba el pasado domingo Artur Mas en una entrevista en la que advertía de que un eventual fracaso del Estatuto de Cataluña lo sería también de Zapatero (La Vanguardia, 6-11-05). El martes, ERC expresaba su decepción ante la escasa receptividad del Gobierno a sus numerosísimas enmiendas a los Presupuestos, en contraste con la actitud favorable del Ejecutivo a las del PNV, BNG y CC. ¿Serán síntomas de que el Gobierno se plantea cambiar de aliados? Esa posibilidad fue estudiada (y desechada) hacia fines de 2004 o comienzos de 2005.

Se trataba entonces de sopesar los efectos de cambiar a Esquerra (8 escaños) por CiU (10 escaños) como socio principal. Eran momentos en los que existía una fuerte irritación por los comentarios despectivos de Carod Rovira sobre la candidatura olímpica de Madrid, empeorados al "autocriticarse" por haber "dicho en voz alta lo que muchos catalanes piensan". Tiempos en los que el principal aliado del Gobierno mostraba su apoyo al plan Ibarretxe y su oposición a la Constitución europea, que eran los temas centrales de la política nacional. Y en los que una enorme pancarta proclamaba con toda naturalidad desde el Camp Nou que "Cataluña no es España".

El cambio era imposible por el condicionante que suponía la política de alianzas de Maragall. Ya en septiembre de 2004, una encuesta publicada en EL PAIS detectaba que una amplia mayoría (52% frente a 32%) consideraba que el tripartito catalán condicionaba la política de Zapatero. La decisión esencial que dio paso a la elección de Maragall no fue suya, sino de Carod. Fue éste quien prefirió el acuerdo con el PSC antes que con CiU por razones que ahora están más claras que hace dos años. El cálculo de Esquerra era, según declaraciones recientes del propio Carod (Deia 17-10-05) que "un PSC en la oposición no hubiera hecho una oposición catalanista. En cambio, ahora tenemos una oposición catalanista (CiU) y a un PSC que se ha revelado más catalanista que en la oposición, porque nosotros estamos también en el Govern".

El cálculo ha resultado acertado para los intereses de Esquerra: una CiU radicalizada en la oposición no podía dejar de apoyar el Estatut que propusiera el tripartito, e incluso ha ido más allá evitando la rectificación intentada por los socialistas a la vista del dictamen del Consejo Consultivo; mientras que un PSC excluido del poder por un Gobierno nacionalista CiU-ERC, se habría opuesto, junto al Partido Popular, a este Estatut. El dilema guarda alguna similitud con el que se le planteó a Felipe González en 1993: podía elegir entre Izquierda Unida (18 escaños) o CiU (17) para completar mayoría. Eligió la segunda opción no por mayor o menor afinidad sino por evitar dejar en la oposición una combinación de centro-derecha, PP-CiU, más coherente y potente como alternativa que la folklórica pinza Anguita- Aznar.

Maragall, que ya había gobernado con Esquerra Republicana en el Ayuntamiento de Barcelona, no calculó el efecto de trasladar al ámbito autonómico la alianza con un partido explícitamente independentista. Y mucho menos, de convertirlo en principal aliado del Gobierno de España. No se trata de una cuestión de personas, sino de que su electorado moderado no permitiría a CiU hacer o decir ciertas cosas que el electorado de un partido independentista considera obligado hacer o decir. La idea de que era la ocasión de integrar definitivamente a Esquerra asociándola a responsabilidades de Gobierno habría tenido sentido si la política de la coalición resultante hubiera sido básicamente la del partido mayoritario. Pero el proyecto de Estatut es la prueba de que el acuerdo ha funcionado básicamente sobre el eje del programa nacionalista, incorporando incluso algunos tópicos del acervo radical directamente ofensivos para la mayoría de la población española, como el del expolio fiscal de Cataluña.

Haciendo de la necesidad virtud, enseguida aparecieron teorizaciones que presentaban la alianza entre la izquierda y el nacionalismo como una especie de Compromiso histórico -según el modelo italiano de los años 70- que garantizaría de manera permanente la estabilidad democrática y el progreso social; o, más pragmáticamente, la continuidad indefinida de la mayoría actual, al precio de confinar al Partido Popular en los márgenes del sistema. Esa teorización ha sido frenada en seco por los sondeos que registran el fuerte retroceso de un Partido Socialista que en un mes ha pasado de ir 8 puntos por encima del Partido Popular a una situación de empate técnico.