El sexo del presupuesto

Los presupuestos de la Junta para 2006 tienen sexo. No es que sean femeninos o masculinos, no. Pero sí han tenido que pasar este año un examen inédito: una suerte de control de calidad que evalúa el impacto del gasto público entre hombres y mujeres. Este examen se ha plasmado en un informe de 105 páginas en el que han participado las 14 consejerías del Gobierno andaluz.

En la práctica es un instrumento que permite al Ejecutivo conocer la situación de los hombres y las mujeres en diferentes ámbitos (trabajo, salarios o educación) con el fin de adoptar decisiones políticas que corrijan las desigualdades que se producen por razón de género.

En virtud de un decreto aprobado en marzo del año pasado, todas las leyes y reglamentos que aprueba el Consejo de Gobierno tienen que llevar aparejado un informe que evalúa el impacto de género. De cara a la elaboración de la ley de Presupuestos de 2006, la Consejería de Economía dictó una orden en mayo de este año en la que fijaba como una prioridad que salieran adelante "programas destinados a promover la igualdad entre hombres y mujeres".

El informe apunta las desigualdades que se producen en el mercado laboral

El informe ha sido elaborado por la Comisión de Evaluación del Impacto de Género del Presupuesto, órgano presidido por la viceconsejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo, quien ha coordinado a representantes de todas las consejerías para elaborar el Informe de impacto de género del presupuesto.

Junto al ya complejo proceso de elaboración del presupuesto, los 14 departamentos del Ejecutivo autonómico han tenido que enviar desagregados por sexo los indicadores de sus programas de gasto referidos a personas (por ejemplo, qué porcentaje de subvenciones o ayudas van a hombres y mujeres). En el futuro, estos indicadores permitirán medir la eficacia de las medidas introducidas para tender hacia la igualdad.

Asimismo, cada consejería ha remitido los programas en los que tiene margen de maniobra para corregir las desigualdades. El consejero de Economía, José Antonio Griñán, concretó el pasado miércoles que 12 de las 19 políticas de gasto de la Junta se han realizado desde una perspectiva de género.

En las primeras páginas, el informe hace un análisis del papel de las mujeres en la política. Revela, por ejemplo, que un tercio de los concejales andaluces son mujeres, aunque sólo un 12,8% de ellas ocupa la alcaldía. Entre los altos cargos de la Junta, las mujeres suponen el 38%, aunque son mayoría en el Gobierno andaluz (ocho frente a seis hombres).

Más dramática es la radiografía que hace del mercado de trabajo. El paro afecta mucho más a las mujeres que a los hombres. Y las mujeres cobran menos que los hombres, sin distinción de los estudios que tengan. Un dato elocuente: los hombres suponen el 60% de los asalariados andaluces y cobran el 70% del volumen salarial. Las mujeres, por contra, suponen el 40% de los asalariados y perciben el 30% de la masa salarial. Estos datos tienen su proyección en los perceptores de las pensiones no contributivas, las que reciben quienes no han cotizado un mínimo de 15 años a la Seguridad Social. El 74,8% de quienes cobran pensiones no contributivas son mujeres.

En el informe, que destaca que Andalucía se ha situado a la vanguardia con esta iniciativa, se percibe el esfuerzo que cada consejería ha realizado para hacer una lectura de género de los presupuestos. Así, la Consejería de Economía establece en el programa de coordinación de fondos europeos que "a la hora de elegir las actuaciones susceptibles de ser financiadas con fondos estructurales se valora la inclusión de objetivos en los que esté presente la igualdad". Más fácil lo han tenido departamentos como Empleo, que tiene programas de inserción laboral que tiene como prioridad a la mujer.

En el futuro, el Gobierno autonómico tiene previsto ampliar el campo de actuación para medir el impacto de género del presupuesto. El informe cita la posibilidad de iniciar auditorías de género en los organismos y empresas públicas de la Junta o incorporar más programas de gasto a la evaluación del impacto de género.