Cada comunidad podrá crear su propio modelo de profesorado universitario
La nueva ley creará un Consejo de Estudiantes como órgano de consulta del Ejecutivo
Las comunidades autónomas podrán decidir qué profesores no funcionarios contratan, cómo y por cuánto tiempo. La propuesta de reforma de la Ley Orgánica de Universidades (LOU), que el Ministerio de Educación ha anunciado que presentará hoy, deja mayor libertad a éstas para crear las figuras de profesorado no funcionario que quieran adaptadas a las necesidades de sus universidades. También establece la creación de un Consejo de Estudiantes Universitarios de España, como órgano oficial de representación y consulta. La reforma incluye medidas ya anunciadas como establecer una única prueba de acceso a la Universidad y dar libertad a los centros para decidir cómo eligen a su rector.
La finalidad de fondo de esta reforma es otorgar una mayor autonomía a las universidades y comunidades autónomas, no sólo en cuestiones relacionadas con la elección de su profesorado, sino también a la hora de elegir al rector y de configurar sus consejos de gobierno y consejos sociales. Las universidades y diversas comunidades denunciaron que la LOU atacaba su autonomía. Esta reforma no derogará esa ley pero sí se introducirá modificaciones sustanciales en ella.
El texto es una exposición detallada de los cambios que se pretenden introducir en la LOU, que fue impulsada por el Gobierno del PP y aprobada en diciembre de 2001 con el apoyo de CiU y Coalición Canaria. El objetivo del Gobierno es abrir a partir de hoy un periodo de debate con la comunidad universitaria y las organizaciones sociales sobre estos cambios.
La presentación de este borrador llega con retraso. El ministerio anunció hace 10 meses las líneas generales y había previsto elaborar el borrador para la pasada primavera. Los rectores han manifestado en diversas ocasiones su malestar por la tardanza. Se trata de un cambio solicitado por ellas. De hecho, más de 25 rectores se manifestaron en la calle en 2001 contra la LOU junto a 350.000 profesores y alumnos, en uno de los conflictos educativos más sonados del Gobierno de José María Aznar. Éstos son los cambios esenciales que prevé proponer el Gobierno:
- Acceso a la Universidad. Se realizará una única prueba en cuyo diseño participarán las universidades. Esto aparecerá además regulado por la Ley Orgánica de Educación (LOE), que se debate actualmente en el Parlamento. El artículo de la LOU que se modificará es el 42.3, eliminando la parte en la que se establece que los centros realizarán una segunda prueba de acceso a los alumnos que hayan superado la selectividad. La LOU dice ahora: Las universidades "establecerán procedimientos para la admisión de los estudiantes que soliciten ingresar en centros de las mismas".
La actual selectividad se actualizará mediante un real decreto, una vez aprobada la nueva ley. Una comisión mixta de expertos (de Universidad y secundaria) está elaborando una propuesta para la nueva prueba.
- Acceso a la docencia.
- Profesores funcionarios. Al menos el 51% de los docentes deben ser funcionarios (profesores titulares o catedráticos). Esto no cambia respecto a la LOU. Para concursar a una de estas plazas ya no habrá que realizar un examen nacional de habilitación. Bastará con obtener una acreditación por méritos. La otorgarán, sin límite de plazas, comisiones formadas por catedráticos o titulares de cada área de conocimiento.
Además, desaparecerán las figuras de profesor titular y catedrático de escuela universitaria, para simplificar todo el sistema (que llevan décadas existiendo) y para configurar un sistema que se asemeje más al que existe en la mayoría de la UE. La reforma también incluye la incompatibilidad para la docencia en universidades públicas y privadas.
- Profesores no funcionarios. Las comunidades autónomas podrán establecer las figuras de contratación del 49% como máximo de los profesores no funcionarios que pueden tener sus universidades, de acuerdo con éstas. Esto permitirá, por ejemplo, facilitar la incorporación de profesores procedentes del extranjero, evitando la fuga de cerebros, o establecer carreras investigadores o docentes adecuadas a cada disciplina.
- Elección del rector. Se dejará libertad a las universidades para decidan en sus estatutos el sistema de elección, que puede ser por sufragio universal (que introdujo la LOU) o por el claustro.
- Universidades privadas. Estos centros deberán tener un porcentaje mínimo de un 50% de profesores que cuenten con la acreditación oficial.
- Agencia de evaluación. La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) -que se encarga de evaluar a universidades y profesores- pasará a ser una agencia pública. La creó la LOU como una fundación privada financiada con fondos públicos.
- Consejo de Coordinación. En éste órgano, el máximo de consultivo en materia de educación superior, se propone que estén representados sólo el ministerio, las comunidades y los rectores. Para hacerlo más ágil, dejarían de estar en él representantes elegidos por el Senado, Congreso y Gobierno (21 en total).
- Consejo de Estudiantes. Se creará para ordenar la representación estudiantil y para que sea el órgano interlocutor con el Gobierno.
- Órganos de gobierno. Dejará de haber en el Consejo de Gobierno de las universidades tres representantes elegidos por los gobiernos autonómicos.
- Representación de la sociedad. El presidente del Consejo Social dejará de estar elegido, como dice la LOU, por el Gobierno autonómico. Lo escogerá el Parlamento autonómico.
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