El PSOE acuerda enmendar puntos básicos de la reforma del Estatuto de Cataluña

El PSOE enmendará a fondo el proyecto de Estatuto de Cataluña a su paso por las Cortes, según la decisión adoptada ayer por su Ejecutiva Federal tras asumir el dictamen encargado a cuatro expertos constitucionalistas que pone reparos a puntos básicos de la reforma estatutaria referidos a financiación, régimen lingüístico, derechos históricos, competencias, relaciones bilaterales o unidad de mercado.

El dictamen servirá de base al PSOE para elaborar las enmiendas que presentará al texto antes de febrero y será el eje de la intervención del portavoz socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, en el debate y votación de admisión a trámite del proyecto de Estatuto. El análisis de los expertos servirá, asimismo, como base para negociar con todos los partidos, incluido el PP, los cambios del Estatuto, según insistió ayer el secretario de Organización del PSOE, José Blanco.

La Ejecutiva federal asume por unanimidad el dictamen elaborado por cuatro catedráticos constitucionalistas

El informe de los juristas considera que la propuesta catalana no es una reforma encubierta de la Constitución

El documento señala que Cataluña no puede definir una financiación propia a través de la reforma de su Estatuto

Los socialistas enmendarán en profundidad el modelo de financiación y los capítulos relativos a las competencias, al poder judicial y a la "excesiva bilateralidad" con que el proyecto de Estatuto plantea las relaciones entre el Estado y la Generalitat. También presentarán enmiendas a las referencias que hace el texto a los derechos históricos, al régimen lingüístico, al sistema institucional y al título de los derechos y deberes.

El dictamen de los expertos constitucionalistas -Francisco Balaguer, Javier García Roca, Manuel Medina y Alejandro Sáiz- fue aprobado por unanimidad en la Ejecutiva del PSOE, aunque con algunas reservas por parte de los representantes del PSC, tras un debate centrado en la propia reforma del Estatuto y no en el texto de los expertos.

El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, protagonizó una dura crítica al Estatuto y al papel del PSC, que respaldó con sus votos el texto aprobado en el Parlamento de Cataluña. Su intervención fue contestada por los dos dirigentes del PSC presentes en la Ejecutiva, José Montilla y Carme Chacón.

Enmiendas de fondo

Ambos defendieron el apoyo del PSC a la reforma del Estatuto en el Parlamento de Cataluña como mal menor ya que, en su opinión, de haberse rechazado en la comunidad las consecuencias políticas hubieran sido peores allí y en el resto de España. Recordaron que, en el trámite en el Parlamento de Cataluña, presentaron sin éxito varias enmiendas de fondo al texto para adaptarlo a la Constitución, que el PSOE recuperará en su tramitación en las Cortes.

El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, que también respondió a las críticas de Rodríguez Ibarra, puso en valor el dictamen de los expertos sobre el que el PSOE defenderá sus enmiendas al proyecto de Estatuto.

Zapatero, que ha seguido de cerca la elaboración del dictamen, destacó, en primer lugar, que éste avala que la reforma del Estatuto es legítima en su origen, en el derecho a presentarla, y legal por el procedimiento que ha seguido el Parlamento de Cataluña. Destacó, asimismo, el aspecto del dictamen cuando señala que la reforma "no comporta una confrontación directa y manifiesta con los principios constitucionales ni puede, en modo alguno, calificarse como una reforma constitucional encubierta", en contra de lo que afirma la dirección del PP.

La conclusión práctica, que avaló Zapatero ayer, es que "no hay razón jurídica para negarse a tramitar la reforma del Estatuto de Cataluña en las Cortes, ni política para que el Parlamento dé un portazo al texto, como pide el PP".

Zapatero destacó el tono "equilibrado" y la "serenidad" con que el dictamen aborda la propuesta de reforma del Estatuto, llegando a realizar "una valoración general positiva" de la reforma en su esfuerzo por "profundizar el autogobierno" y adaptarse a "los múltiples cambios que afectan a la realidad política y social".

En cuanto a los contenidos concretos, el dictamen plantea una enmienda a fondo del modelo de financiación que propone la reforma pues "no es constitucionalmente aceptable diseñar en el Estatuto un sistema acabado de financiación con pretensión de eficacia normativa directa".

También es tajante en la defensa de la unidad de mercado al señalar el dictamen que "algunos de los preceptos de la reforma en materia económica sobrepasan los límites constitucionales que se derivan de este principio".

Alteración de competencias

En el capítulo de competencias, el dictamen plantea que "existen serias dudas sobre la constitucionalidad" del traspaso de competencias exclusivas del Estado a las comunidades autónomas. También plantea "serias dudas" en la caracterización que la reforma hace de la Administración de la Generalitat como Administración ordinaria del Estado pues "supone una alteración de las competencias ejecutivas del Estado que la Constitución le otorga".

En cuanto a los aspectos competenciales, el dictamen propone una negociación al señalar que la "gran extensión que adquieren los aspectos competenciales en la propuesta provoca contradicciones internas que deben ser resueltas y da lugar a colisiones con las competencias estatales que deben analizarse en cada caso".

En cuanto a la reforma desde el Estatuto de leyes orgánicas del Estado, el dictamen propone que "pueden adoptarse fórmulas negociadas como podrían ser una Ley Orgánica de transferencia o un compromiso parlamentario de proceder a la reforma de determinadas leyes".

El dictamen también señala que "el Estatuto contiene una orientación excesiva hacia la bilateralidad" en las relaciones entre el Estado y la Generalitat de Cataluña y, en este sentido, afirma que "contiene algunos planteamientos y mecanismos que resultan muy discutibles desde el punto de vista constitucional".

En cuanto al Poder Judicial. El dictamen señala que la reforma "no crea un poder judicial autonómico diferenciado del poder judicial del Estado", pero considera inconstitucionales la propuesta de nombramientos del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y los presidentes de salas.

El dictamen no se pronuncia de forma clara sobre la definición de Cataluña como nación, pero Blanco, anunció que se enmendará para "hacerlo compatible con el artículo dos de la Constitución".