Kirchner deja de comunicar

Tras tres años y diez meses con las tarifas congeladas, el Gobierno argentino ha aceptado negociar su revisión al alza con la compañía española Telefónica. Los representantes gubernamentales son optimistas y creen que se alcanzará pronto un acuerdo; los de la operadora española se muestran más cautos.

A sólo una semana de las elecciones legislativas de Argentina, nadie prevé que se vaya a definir de inmediato un incremento de tarifas de telefonía fija. Sin embargo, en septiembre, Néstor Kirchner le prometió al presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que la solución al prolongado conflicto se produciría estos días. En Telefónica esperan que se concrete tras los comicios y reconocen que el aumento de tarifas sólo se aplicará a partir de 2006.

En la reunión entre Kirchner y Zapatero, el Gobierno argentino admitió que las tarifas podrían subir a partir de marzo próximo. El problema radica en las pretensiones de unos y otros, aspiraciones que nadie reconoce en público. Funcionarios argentinos dejaron trascender que Telefónica pretende un alza del 45%, mientras que el Ejecutivo ofreció primero un 30%, pero no de una sola vez, sino en tres etapas. La última oferta gubernamental consistió en que el primer aumento llegara al 16%.

El Gobierno de Kirchner quiere asegurarse de que esta negociación llegue a buen término por dos motivos: la relación estratégica que anhela consolidar con Zapatero y la intención de evitar que se repita otro fracaso en la negociación por las tarifas congeladas de los servicios públicos, como el que derivó en que la francesa Suez y Aguas de Barcelona (Agbar) decidieran el mes pasado retirarse de Aguas Argentinas.

Las subidas escalonadas pueden llegar a convencer a Telefónica, según fuentes del grupo, porque la empresa tampoco pretende alentar la actual inflación en Argentina, que en los últimos 12 meses supera el 10%. Sin embargo, en la firma española advierten de que las tarifas no son el único punto a debatir. A Telefónica también le preocupa, entre otros asuntos, el marco jurídico de la telefonía fija. Por ahora, sólo dos empresas, la española y Telecom Argentina -propiedad de Telecom Italia y el grupo local Werthein-, cuentan con licencias para operar.

Demandas internacionales

La pretensión de Kirchner es que Telefónica y los demás operadores extranjeros de servicios públicos desistan de las demandas que mantienen contra Argentina por la congelación de tarifas de 2002 ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. La empresa española exige 2.834 millones de dólares. El ministro De Vido ha anunciado este año que Telefónica desistirá de la querella, pero el grupo por ahora ha guardado silencio. Al igual que en las otras negociaciones contractuales, como las de Endesa y Gas Natural, la demanda será retirada el día en que se dé por terminada toda la discusión.

A la hora de negociar los contratos, el Gobierno de Kirchner privilegió aquellos del sector energético, dado que se requieren nuevas inversiones para impedir que la escasez energética se profundice.

En cambio, fue postergando la discusión con las empresas de telecomunicaciones por dos razones: el sector había invertido de más en infraestructura antes de la crisis y además se ha beneficiado de la explosión de la telefonía móvil, cuyas tarifas están desreguladas. A fines de 2004, el número de celulares superó al de líneas fijas y alcanzó al 23% de la población. En 2005 casi se duplicará, al llegar al 41%, y en 2006 cubrirá a seis de cada diez argentinos, según Carlos Zenteno, gerente de CTI, la filial de América Móvil, la empresa del mexicano Carlos Slim, que compite con Movistar.