Los obispos elevan sus críticas a la reforma educativa y apoyarán las manifestaciones

Los obispos dan un paso más en su enfrentamiento con el Gobierno socialista también por la reforma educativa, que el Consejo de Ministros envió a las Cortes el pasado 22 de julio. La Comisión Permanente episcopal, reunida en Madrid, emitió ayer un duro comunicado contra ese proyecto legislativo diciendo que deteriora "la democracia", atenta contra "derechos fundamentales" y es "inaceptable jurídica, social y académicamente". Aunque no lo dicen en el comunicado, los prelados acordaron también apoyar las movilizaciones anunciadas contra esa reforma.

Está asegurada la presencia de obispos en la manifestación convocada para el próximo noviembre por la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa), a juzgar por la energía con que el portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, defendió ayer el derecho de los prelados a manifestarse, pero también "el deber" de los padres de alumnos a convocar la citada manifestación "por responsabilidad social". Además, Martínez Camino enfatizó lo obvio: que "la Iglesia católica no convoca manifestaciones", pero que, si quisiera convocarlas, "estaría en su derecho".

"Lo podríamos hacer, a lo mejor en algún momento lo hagamos, pero lo cierto es que no las convocamos nosotros. No es de momento el modo de proceder de los obispos". Él ya estuvo, junto al cardenal Antonio María Rouco y otros 19 prelados, en la manifestación del pasado 18 de julio contra la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, convocada entonces por el Foro Español de la Familia, y cuando la Concapa llame en noviembre a salir a la calle de nuevo, es casi seguro que hará lo mismo. "Espero a que se convoque y a conocer la fecha, porque a lo mejor no puedo", dijo con una no disimulada ironía.

Sin diálogo

Hasta ese momento, el tono de la conferencia de prensa del portavoz episcopal había sido sombrío y muy severo, sin disimular en ningún momento el enojo que ha causado al episcopado no sólo el contenido de la reforma educativa, sino el modo con que el Gobierno la aprobó y remitió a las Cortes. "La Conferencia Episcopal, a través de la Comisión Mixta Iglesia-Estado y de la Comisión Episcopal de Enseñanza, se ofreció reiteradamente a dialogar sobre estos temas con la Administración. No se ha obtenido contestación alguna. No fue posible conocer las opiniones del Gobierno más que cuando la prensa publicaba los distintos anteproyectos de ley, que sucesivamente iban recortando la libertad de enseñanza y las garantías para el ejercicio del derecho de los padres a la educación de sus hijos según sus convicciones", dijo.

El portavoz episcopal también recordó que una reunión formalmente anunciada -incluso con convocatoria a la prensa- para el 22 de julio en el Ministerio de Educación no se celebró "por carecer ya de utilidad, dado que ese mismo día el Consejo de Ministros aprobaba el proyecto de ley".

Con estos antecedentes parece comprensible que los prelados no esperen nuevas reuniones con el Gobierno, y dejen en los grupos parlamentarios la esperanza y la responsabilidad de "introducir cambios sustanciales en el proyecto" para eliminar "las trabas que obstaculizan la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a la formación religiosa y moral de sus hijos".

Son muchos los aspectos de la reforma educativa que irritan a los prelados, pero el portavoz subrayó, sobre todos, que "no respeta como es debido derechos fundamentales" como el de la libertad de enseñanza ni el de creación y dirección de centros de iniciativa social. También les disgusta el criterio de "zonificación" que impone la futura ley como condición prioritaria para la admisión de alumnos. "El proyecto atribuye a las Administraciones Públicas tal poder, que apunta a convertir al Estado en el único educador, olvidando que es a los padres a quienes asiste el derecho primordial, insustituible e inalienable de educar a sus hijos", añaden.

Los prelados sostienen, además, que el Gobierno socialista "considera la educación como una actividad de servicio público y, por tanto, según la legislación española, de exclusiva competencia del poder estatal". De ahí que crean que la educación de iniciativa social está "regulada como mera concesión de carácter gubernamental". Tal reducción de la iniciativa social a función subsidiaria de los poderes públicos la creen "impropia de sociedades plenamente democráticas que respetan y promueven el pluralismo educativo".

La Conferencia Episcopal también se queja del status que la futura ley adjudica al profesorado de catolicismo en la escuela pública, que desde 1999 contrata y paga el Estado pese a ser seleccionado por los obispos para cada curso escolar. La jerarquía cree "inaceptable jurídica, social y académicamente" convertirlos ahora "en empleados de la Iglesia" y lamenta que "esta nueva situación haya sido creada unilateralmente, sin diálogo alguno, como es también el caso de los demás aspectos de la Ley".

Respecto a la propia asignatura de religión reclaman lo que ya tienen: "Que sea una asignatura fundamental, de oferta obligatoria para los centros y voluntaria para los alumnos, de tal manera que el hecho de recibir o no recibir esta enseñanza no suponga discriminación académica alguna en la actividad escolar".