Bruselas enfila la reforma del azúcar con gran división interna

La Comisión de la Unión Europea iniciará esta semana la recta final en las negociaciones para la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) del azúcar. El objetivo sería su aprobación en el mes de noviembre para acudir con la misma a la reunión de la Organización Mundial de Comercio a mediados de diciembre. Sin embargo, los países de la UE están divididos ante la reforma.

La propuesta comunitaria para la reforma no será debatida formalmente en el Consejo de los ministros de Agricultura de esta sesmana. Sin embargo, la reunión se va a utilizar para desarrollar 13 contactos bilaterales para conocer la posición de cada país en relación con la misma dejando las restantes entrevistas para el consejo de los ministros del mes de octubre.

En principio hay un total de 10 países encabezados por España y con un peso fuerte de los Estados mediterráneos que se oponen radicalmente a la propuesta comunitaria. Estos países estiman que la misma supone un claro atentado contra el cultivo de remolacha en los países comunitarios menos competitivos donde podría desaparecer.

En contra de la propuesta se han manifestado ya organizaciones como el Copa-Cogeca, donde están representadas las organizaciones agrarias y las cooperativas, el CES y el propio Parlamento así como organizaciones internacionales defensoras de países pobres como Oxfam. Está por ver si la Comisión Europea consigue romper con ofertas individuales las posiciones de algunos de los 10 países que encabezan las posiciones en contra.

En medios de la Administración española, frente a las posiciones de Bruselas se considera que se va a luchar hasta el final para lograr un cambio de la propuesta y que la Comisión deberá considerar en el último de los casos si es posible una minoría de bloqueo.

Desaparecen cultivos

Sector productor, industriales y la Administración coinciden en señalar esta reforma como la más injusta nunca propuesta en el seno de la Comisión por lo que puede significar no sólo la desaparición del cultivo en los países menos competitivos de la Unión Europea, sino por lo que significaría la destrucción de una economía en el mundo rural que afectaría a 150.000 empleos según los datos manejados por el CES. En contra de las posiciones de la comisaria Mariann Fischer, no se halla una explicación para bajar los precios un 39% para la remolacha y un 43% para el azúcar en tres años. Tampoco para que se propicie el abandono del cultivo en zonas donde no quedan otras alternativas y menos que se quieran eliminar los excedentes comunitarios en base a los países menos productivos y no allí donde hoy se generan los mayores excedentes como Alemania o Francia. En definitiva que, por encima de otras razones, se defienda la reforma simplemente con argumentos basados en la competitividad del sector frente al exterior y la necesidad de ir a una especialización de producciones.

En medios agrarios, en relación con esta propuesta se alerta en este momento sobre la subida de los precios del azúcar en el mundo y los riesgos que supondría para la propia UE depender en el futuro de las importaciones.