Más de 3.000 hectáreas que iban a recibir agua del Segarra-Garrigues seguirán sin regadío

El Gobierno catalán explicará el próximo 12 de septiembre a la Comisión Europea de Medio Ambiente que modificará las zonas que iban a convertirse en regadío de transformación por el canal Segarra-Garrigues y que entre 3.000 y 6.000 hectáreas seguirán siendo de secano o, como mucho, recibirán riego de apoyo (gota a gota) para los mismos cultivos que tienen ahora. La decisión, que está siendo ultimada por una comisión de la que forman parte cuatro departamentos, es consecuencia de uno de los tres expedientes abiertos por la Comisión Europea al Ejecutivo catalán en relación con el incumplimiento de las zonas protegidas en la red Natura 2.000.

De los tres expedientes, uno está ya en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. El Gobierno catalán ya no puede hacer al respecto otra cosa que esperar la decisión que, previsiblemente, será sancionadora. Lo que se juzga en este expediente, que data de 1998, es el incumplimiento de la protección de territorio con fauna y flora protegidas. El segundo expediente, iniciado en 2001, tiene que ver con la falta de protección en la zona específica afectada por el futuro riego del Segarra-Garrigues. Para este caso, la Comisión ha citado al Gobierno catalán para el 12 de septiembre y el Ejecutivo deberá justificar su voluntad de cumplir las normativas para evitar un nuevo juicio.

En el consejo técnico del Consell Executiu de la semana pasada se decidió la creación de una comisión integrada por los dos consejeros más directamente afectados (Salvador Milà, de Medio Ambiente y Antoni Siurana, de Agricultura), además de por el primer consejero, Josep Bargalló, y el de Política Territorial, Joaquim Nadal, al que afecta el proyecto de un aeropuerto en la zona, que incide en zonas de paso de aves. Esta comisión tiene que tomar una decisión definitiva esta misma semana y para ello cuenta con tres informes científicos encargados a otras tantas entidades. Los tres sostienen que las zonas protegidas en el proyecto inicial del Ejecutivo son insuficientes y proponen ampliar las hectáreas protegidas en una cifra que, según los casos, va de las 3.000 hectáreas a las 18.000.Los tres informes han sido elaborados por la Universidad de Barcelona, el Instituto de Ornitología de Cataluña y el Consejo de Protección de la Naturaleza y analizan hasta cinco hipótesis. La primera es la propuesta elaborada en su día por el Gobierno de CiU, que ya fue considerada insuficiente por la Comisión Europea y que está en el origen de los expedientes en curso. La segunda propuesta es la aprobada en febrero por el Gobierno catalán y sometida a información pública hasta este mismo verano. Esta propuesta tiene tres versiones: la primera excluye la zona de Belianes; la segunda la incluye y declara protegibles 3.000 hectáreas; la tercera propone la protección de 6.000 hectáreas. La quinta hipótesis es la protección máxima, ya que dibuja un corredor entre Belianes y Sió que supondría unas 18.000 hectáreas.

El Gobierno catalán se comprometió el pasado año ante la Comisión Europea a tener listo el programa el 31 de diciembre de 2004. No cumplió las fechas y acabó sacando el proyecto de protección a información pública en febrero y ampliando el plazo por decisión del Parlament, de modo que hoy la decisión no es aún definitiva ya que tiene que analizar las más de 6.000 alegaciones presentadas.

Falta de respuesta

El pasado mes de julio la CE anunció su insatisfacción por la falta de respuesta catalana (formalmente el requerimiento es contra el Reino de España) y decidió remitir al Tribunal de Justicia el asunto, aunque dando la oportunidad de presentar justificaciones el próximo 12 de septiembre.

Buena parte del retraso es de raíz histórica y se debe a que el anterior Gobierno hizo oídos sordos a las directivas comunitarias. Pero una parte menor se debe a discrepancias entre Medio Ambiente y Agricultura. Finalmente y acuciado el Ejecutivo por la Comisión Europea, se ha alcanzado un principio de acuerdo. Medio Ambiente logra que entre 3.000 y 6.000 hectáreas sean declaradas zonas protegidas para preservar las aves que las habitan, pero admite que esas zonas no se conviertan en un erial y que mantengan los cultivos actuales (fundamentalmente olivos y almendros) con "riego de apoyo". Además, se buscará establecer "convenios de gestión" con los payeses, similares a algunos ya existentes, según el secretario general del Departamento de Agricultura, Josep Pau. El director de Medio Natual, Ramon Luque, dio por sentado que el Gobierno catalán presentará el 12 de septiembre una posición común, entre otros motivos porque no puede ser de otro modo.

El proyecto de ampliación de la red Natura 2000 aprobado inicialmente por el Gobierno catalán prevé convertir en zona protegida el 26% del territorio, pero ha provocado un alud de alegaciones, sobre todo en Lleida, aunque muchas de ellas son fotocopia de otra, por lo que las alegaciones que hay que estudiar son en realidad 783, de las que 193 proponen recortar la zonas a proteger y 523 sugieren, en cambio, ampliarlas. El resto son propuestas de diversa índole. Luque reconoció que parte del problema procede de la indefinición comunitaria sobre las ayudas a los afectados de las zonas protegidas.