La ampliación de competencias propuesta por Cataluña es "masiva e injustificada"

"La ampliación de competencias es masiva, injustificada y claramente contraria a la Constitución por lo que se refiere a muchas de las técnicas que se utilizan y al resultado a que conducen". Así se pronuncia un informe encargado por el Ministerio de Administraciones Públicas a juristas expertos sobre la ordenación competencial de la reforma del Estatuto de Cataluña. Otro informe sobre los "derechos históricos" a los que apela el Estatuto valenciano, y con los que ERC y CiU pretenden un "blindaje" de competencias en el nuevo Estatuto catalán, señala: "El Tribunal Constitucional ha rechazado de forma clara y reiterada la interpretación de la apertura del ordenamiento constitucional a través de los derechos históricos".

"Revisar competencias puede afectar gravemente al funcionamiento del Estado", dice el análisis

"La admisión ilimitada de los derechos históricos es un caballo de Troya en una Constitución"

El Centro de Nuevas Estrategias de Gobernanza Pública, dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas, publicará próximamente tres informes con un acento marcadamente crítico referidos al borrador del nuevo Estatuto de Cataluña desde la perspectiva de la distribución territorial del poder, de la ordenación competencial y de los derechos históricos.

Los tres informes los firman tres catedráticos de derecho constitucional y uno de derecho administrativo: Luis Ortega, Francisco Balaguer, José Antonio Montilla y Cristina Elías.

El informe sobre la ordenación competencial señala que la solución al problema de fondo del Estado autonómico, lograr una "ordenación más racional de la que tenemos actualmente para garantizar de manera más adecuada los ámbitos de autonomía", la intenta resolver el nuevo Estatuto de Cataluña "con la fórmula de una reforma estatutaria que pretende blindar las competencias autonómicas".

Tras señalar que "una cosa es blindar las competencias que ya se tienen", el texto deduce que se ha producido "una redefinición de las competencias en el Estatuto [de Cataluña] que, sorprendentemente, va unida a una ampliación considerable, casi ilimitadamente, de ellas" sobre "la base de maniatar al Estado y de reducir al máximo el número de competencias estatales", lo que "puede convertirse en un grave problema para el funcionamiento del Estado".

El proyecto de reforma, señala el texto, arroja muchas sombras desde muy diversos puntos de vista, incluido el de su conformidad con el parámetro constitucional. Las "sombras" que enumera son: "La ampliación de competencias sin base constitucional, la reordenación de categorías competenciales con criterios contradictorios en su formulación interna y contrarios a la Constitución, la desconexión entre los ámbitos competenciales y las perspectivas financieras que son también objeto de reforma". "Estas cuestiones ponen en duda la viabilidad de esta reforma", concluye.

Otra de las cuestiones sobre las que llama la atención el informe son las técnicas utilizadas en la reforma, que "pueden comprometer seriamente el funcionamiento del Estado autonómico". En este contexto, señala que "la ampliación de competencias" que se pretende es "masiva, injustificada y claramente contraria a la Constitución".

El informe precisa las "técnicas inadecuadas desde el punto de vista constitucional": la incorporación de submaterias o perfiles competenciales que, de acuerdo con la Ley Fundamental, corresponden al Estado; la reordenación de las categorías competenciales con la definición como competencias exclusivas de competencias que no son tales (en el sentido de excluir la intervención del Estado), con lo que se pretende ampliar el alcance de la competencia autonómica y la pretensión de ocupar todo el espacio normativo en la aplicación del derecho europeo, lesionando el principio de autonomía institucional en las competencias compartidas.

También califica como "técnicas inadecuadas" el intento de incorporar al ámbito de las competencias ejecutivas los reglamentos ejecutivos contradiciendo la concepción establecida por el Tribunal Constitucional; la pretensión de que se transfieran masivamente a la comunidad autónoma las competencias ejecutivas del Estado y la incorporación al Estatuto de competencias que no son estatutarias sino recibidas por el artículo 150.2 de la Constitución (que permite delegar competencias exclusivas del Estado a las autonomías).

En cuanto al informe encargado por el Ministerio de Administraciones Públicas sobre los derechos históricos, los expertos apelan al Tribunal Constitucional para señalar que éste "ha rechazado de forma clara y reiterada" la interpretación de la "apertura del ordenamiento constitucional" por esa vía. "La vía de un reconocimiento ilimitado de los derechos históricos es un caballo de Troya historicista en una Constitución normativa, que contradice los principios básicos de cualquier ordenamiento jurídico".

El Constitucional, subraya el informe, ha sostenido que puede apelarse a los derechos históricos con la condición de que lo hagan "sólo los territorios forales" y "en relación a competencias que hayan ejercido de forma continuada". Tienen incluso limitaciones muy estrictas, a cuestiones como el Convenio navarro o el Concierto vasco o el derecho civil catalán, añade el informe.

Y advierte contra el intento de configurar un ordenamiento jurídico singular que, invocando esos "derechos históricos", incorpore, además del derecho civil, derechos lingüísticos o incluso normas fiscales.

"La apertura del ordenamiento constitucional, a través de los derechos históricos, ha sido el presupuesto del denominado plan Ibarretxe y ahora es aducido por ERC y CiU para blindar las competencias del Estatuto de Cataluña", recuerda el informe, que reitera: "El Tribunal Constitucional ha rechazado de modo claro esta interpretación".