La Generalitat pide un "contrainforme" que pruebe la constitucionalidad del nuevo Estatuto

El conseller de Relaciones Institucionales de la Generalitat, Joan Saura, ha rechazado hoy los informes de expertos juristas sobre el Estatuto solicitados por el Gobierno, al que exigió "lealtad institucional", y ha dicho que ha encargado un "contrainforme" para probar la constitucionalidad del proyecto.

En su edición de hoy, el diario EL PAIS publica que el Centro de Nuevas Estrategias de Gobernanza Pública, dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas, publicará tres informes sobre el borrador del nuevo Estatuto de Cataluña en los que se juzga "masiva e injustificada" la ampliación de competencias propuesta por Cataluña, y señalan varios puntos negros del nuevo Estatuto que ponen en duda su conformidad con la Constitución.

El conseller se ha referido a los informes del Gobierno como escritos por autores "escogidos a dedo", con indicaciones precisas sobre cuál debía ser su orientación, y ha señalado que el nuevo Estatuto "se hace para que algunas cosas cambien, si no, no tiene sentido".

Saura ha tildado de inaceptable que el Gobierno opte por "dirimir las diferencias" en torno al nuevo Estatuto a través de "filtraciones a los medios de comunicación", y ha anunciado que hoy mismo ha encargado a Carles Viver Pi-Sunyer, director del Instituto de Estudios Autonómicos -organismo de la Generalitat que elaboró los primeros borradores del nuevo Estatut-, "un contrainforme al informe de estos expertos" para contrarrestar las observaciones sobre la posible inconstitucionalidad.

Criterios contrarios a la Constitución

Los tres informes encargados por el Gobierno estudian los temas de la distribución territorial del poder, la ordenación competencial y los derechos históricos.

El informe sobre la ordenación competencial indica que la intención catalana de lograr "una ordenación más racional" de la que tienen actualmente se intenta solventar con "una reforma estatutaria que pretende blindar las competencias autonómicas", lo que "puede convertirse en un grave problema para el funcionamiento del Estado".

Entre las "sombras" que los informes dicen arroja el proyecto de reforma, EL PAIS cita "la ampliación de competencias sin base constitucional, la reordenación de categorías competenciales con criterios contradictorios en su formulación interna y contrarios a la Constitución, la desconexión entre los ámbitos competenciales y las perspectivas financieras que son también objeto de reforma".

"Sin interferencias"

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha querido aportar serenidad al debate estatutario dejando claro que actualmente el "campo de juego" está en Cataluña, donde a finales de septiembre deberá celebrarse un pleno para aprobar el nuevo Estatuto. Así, ha recomendado dejar a los partidos catalanes hacer su trabajo "sin interferencias", en clara referencia a las declaraciones que ayer realizó el secretario de organización del PSOE, José Blanco, quien solicitó "cordura" al tripartito en las negociaciones sobre el Estatuto, cuyas divergencias, según él, han hecho que los catalanes pierdan la confianza en su Gobierno.

La vicepresidenta ha reiterado la posición del Gobierno en este asunto, que pasa por un estricto respeto a las negociaciones que se llevan a cabo en Cataluña para que se logre una "buena" reforma estatutaria. Aún así, ha vuelto a manifestar los límites que deben de respetar las reformas de los Estatutos, concretados en lo que ha llamado "las tres ces": que se ajusten a la Constitución, que sean diseñadas por consenso, y en interés de la ciudadanía.