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Editorial:

Sanidad somos todos

La financiación de la sanidad, que soporta un déficit conjunto de 4.500 millones de euros, será el tema con que se inaugure el curso político en la Conferencia de Presidentes prevista para el 10 de septiembre. El objetivo es consensuar las líneas maestras de un nuevo modelo de financiación a la altura de las necesidades previstas para los próximos años. Se trata de propiciar un pacto de Estado similar al que viene funcionando para garantizar el sistema de pensiones.

En casi todas las comunidades es el desfase entre ingresos y gasto sanitario lo que desequilibra su presupuesto. Y ello ocurre en comunidades con gobiernos de distinto signo, lo que hace pensar que no se debe, o no únicamente, a problemas de gestión. Hay un acuerdo general en reconocer que el actual presupuesto sanitario es insuficiente para sostener el nivel de prestaciones que ofrece. El gasto público sanitario, que representa el 5,9% del PIB, está aún muy por debajo del de los países europeos de similar nivel de riqueza. Mientras en España gastamos 953 euros por habitante y año, los países europeos con los que podemos compararnos gastan 1.500.

¿De dónde ha de salir el dinero para corregir el desfase? El Gobierno tendrá que incrementar sustancialmente la partida presupuestaria con cargo al sistema general de impuestos, pero parece razonable que las autonomías se corresponsabilicen también con los impuestos especiales que gestionan -tabaco, alcohol e hidrocarburos-, pues, además de aportar ingresos, su participación actuará como un estímulo a la eficiencia y un antídoto contra la perniciosa tentación de atribuir a otros las propias carencias. El incremento presupuestario debe ir acompañado de una serie de medidas que garanticen la máxima eficiencia en la gestión de los recursos, incluida una revisión a fondo de ese agujero negro que en España sigue siendo el gasto farmacéutico. No hay razón para que en nuestro país los medicamentos se lleven un tercio del presupuesto sanitario público cuando en otros países sólo suponen el 15%.

Es previsible que el gasto sanitario siga creciendo en el futuro por el incremento de la población, el proceso de envejecimiento y los crecientes costes de los procedimientos terapéuticos. Y es posible que llegue el momento en que se haya de plantear la participación directa de los usuarios en la financiación del sistema mediante alguna fórmula de copago. Pero sólo cuando el gasto público sanitario haya alcanzado el promedio de los países de nuestro entorno económico y se hayan aplicado severas medidas de ahorro y eficiencia, será legítimo plantear el debate, con cuidado de que no vaya a ser peor el remedio que la enfermedad: que para aliviar el déficit acabemos cercenando el principal valor del sistema: la equidad.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 18 de agosto de 2005