Renovar la energía

El aumento imparable del precio del petróleo (y el del gas natural, que es función del anterior) incide en el debate sobre la diversificación de las fuentes de energía. Por una parte, regresa el debate sobre la energía nuclear; por otra, incide en el de las energías renovables, para cuyo impulso aprobará el Gobierno un nuevo plan este mes.

El debate que siguió a la catástrofe de Chernóbil (en abril de 1986) introdujo, junto a las consideraciones medioambientales, una derivación directamente económica: las medidas de seguridad imprescindibles en adelante para evitar ese tipo de catástrofes y resolver la cuestión de los residuos -incluyendo los seguros obligatorios- elevarían tanto el coste de la energía nuclear que dejaría de resultar más barata que su producción por los otros procedimientos. Es evidente que los precios del crudo debilitan en parte ese argumento. Así lo ha venido a reconocer últimamente el ministro de Industria, José Montilla, y, entre otros muchos, el director del FMI, Rodrigo Rato.

No es un asunto para resolver a la ligera, pero sí parece existir acuerdo sobre la conveniencia de una diversificación que limite la dependencia respecto al petróleo y al gas. Las centrales de ciclo combinado, que generan el 28% de la electricidad (y pronto el 40%), funcionan con gas, que importamos de Argelia. Las nucleares generan aproximadamente el 25%.

El impulso de energías renovables es consecuencia del compromiso de limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también de esa necesidad de diversificación plasmada en el objetivo de lograr que, en 2010, el 12% de toda la energía consumida tenga un carácter renovable. A día de hoy, España está muy lejos de poder cumplir con ambos compromisos. Contaminamos más y el peso de las energías renovables en el conjunto de la producción ha disminuido. Además, España se aleja a marchas forzadas de la tendencia que se registra en el resto de Europa y en EE UU. Mientras que en la mayoría de los países más desarrollados la cantidad de energía necesaria para producir un producto se ha reducido, en España ha aumentado de forma preocupante.

El resultado de todo ello, en un país aislado de las grandes redes de transporte de energía internacionales, es que la dependencia energética del exterior ha crecido hasta niveles preocupantes. En este contexto, un nuevo plan de fomento de las energías renovables es fundamental. El anterior, aprobado en 1999 para el periodo 2000-2010, ha fracasado. Cinco años después de su aprobación, apenas se han cumplido la cuarta parte de los objetivos. Sólo la energía eólica, que, pese a ser impredecible, ha sembrado de molinos de viento amplias zonas de la geografía española, se ha desarrollado. El resto de energías limpias, desde los biocarburantes a la energía solar, pasando por la utilización de biomasa para producir electricidad, apenas han despegado.

Con este plan, el Gobierno pretende enviar al mercado nuevas señales económicas que incentiven el desarrollo de tecnologías más limpias. Aunque el esfuerzo será baldío si no se acompaña de medidas eficaces para modificar la tendencia al crecimiento desmesurado en el consumo. El Ejecutivo ha anunciado que en los próximos meses reformará el recibo de la luz para penalizar el derroche de los usuarios, en línea con las recomendaciones contenidas en el Libro Blanco de la Generación Eléctrica. En el documento, encargado por el Ministerio de Industria al catedrático Ignacio Pérez Arriaga, hay otra importante recomendación: limitar el poder de las grandes empresas energéticas para influir en el mercado. Todo un reto.