El fiscal pide imputar al director de Regadíos del Gobierno murciano

El fiscal decano de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Emilio Valerio, ha solicitado al juzgado número 36 de Madrid que cite como imputados al director general de Regadíos de la Consejería de Agricultura y Agua de Murcia, Julio Bernal, y al funcionario Antonio Mendoza por un presunto delito de prevaricación o cooperación de obtención de subvenciones ilegales por un valor de unos seis millones de euros.

La Fiscalía ve indicios de implicación en lo que califica de "fraude millonario originado en la posible obtención ilícita" de dos de subvenciones europeas con la finalidad de reforestar 35.000 hectáreas de monte bajo que fueron calcinadas en un incendio en 1994.

Estas ayudas se concedieron para modernizar regadíos en la finca El Chopillo, cuando en ésta había monte bajo y jamás tuvo utilización agraria. Asimismo se recibieron subvenciones para reforestar superficies que hubieran sido objeto de explotación agraria, cosa que tampoco se cumplía. A juicio del Ministerio Fiscal, estas dos subvenciones serían "ilegales, y de forma conjunta, totalmente incompatibles".

Ya en un informe realizado en noviembre de 2001, el fiscal mantenía que los peticionarios de las ayudas "no reunían ninguna de las condiciones que exigía la legislación comunitaria, y conscientes de ello no han reparado en falseamiento y ocultación alguna, confiados en que algunas de las personas tramitadoras de los expedientes en su comunidad autónoma, a pesar de conocer (...) la falsedad de los datos de los expedientes, no efectuarían comprobación ni reflejarían reserva o impedimento alguno".

En sus escritos, el fiscal considera que la reforestación "ilegal" de los terrenos con nogales, sólo fue posible con la "colaboración necesaria" y el "amparo institucional de determinados altos cargos de la Consejería de Agricultura de Murcia", que son los dos imputados de la Consejería.

En el caso también se investiga al propietario de los terrenos, Mariano Espinosa de Rueda Jover, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, y a cinco de sus hermanos. La Fiscalía manifiesta que, con posterioridad al gran incendio forestal de 1994, "se inicia una nueva estrategia en cuanto a las perspectivas de futuro de la finca, cuyo fin último pudiera ser la promoción inmobiliaria de la finca (...). También se preveía obtener importantísimas reservas de agua mediante la extracción ilegal de aguas de los acuíferos públicos".

El caso se remonta a julio de 1994, fecha en la que se inició un incendio en el Noroeste murciano, con cuatro focos, y que devastó unas 35.000 hectáreas de terreno forestal. Las investigaciones de la Guardia Civil apuntan a que el siniestro podría haber sido provocado, algo que no ha podido ser comprobado posteriormente.

Inmediatamente después, según la fiscalía, la familia Espinosa Jover inició todos los trámites para "articular un conjunto de acciones dirigidas a transformar la vocación forestal de la finca" para convertirla en agraria. Además, solicitaron ayudas europeas destinadas a reforestar terrenos agrarios, "pese a que tan sólo una parte mínima de los terrenos transformados estaban dedicados a campos de cereal, la mayoría abandonados".

Pero, después, los propietarios de las fincas, que además de la familia Espinosa Jover pertenecen al empresario de Cartagena, Mariano Roca Meroño, quien posee numerosos intereses en el mercado inmobiliario de Murcia y Alicante, y que también está imputado por su presunta participación en el mercado negro del agua, según los informes de la Fiscalía de Madrid, pidieron ayudas, que fueron concedidas, para la modernización de regadíos.

Ello supone, según el fiscal, "una escandalosa vulneración", de las condiciones legalmente establecidas para la percepción de subvenciones del Programa Comunitario de Forestación de Tierras Agrarias. En sus informes, el fiscal Valerio critica también "el desprecio que aquella Consejería de Medio Ambiente y Agricultura formula con relación a los nítidos incumplimientos de la legislación ambiental en las actividades objeto de subvención".