El PSOE reclamó ayer la dimisión del concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Cádiz, José Loaiza (PP), tras denunciar que, al menos, cuatro fincas del casco histórico gaditano que la Junta de Andalucía había requerido al Consistorio para su rehabilitación fueron compradas, a causa de retrasos municipales, por el empresario inmobiliario Enrique Arroyo, señalado por dirigentes vecinales como asustaviejas, término usado para designar a promotores que desalojan viviendas mediante coacciones.
El Ministerio de Administraciones Públicas y el Departamento de Presidencia de la Generalitat han acordado la creación de un grupo de trabajo que impulsará el uso del catalán en las instituciones que dependen del Estado. Así lo anunció ayer el primer consejero de la Generalitat, Josep Bargalló.
El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente el próximo viernes la Carta Municipal de Barcelona, y a partir de ese momento el Ayuntamiento de Madrid espera tener el campo despejado para que José Luis Rodríguez Zapatero apruebe también la Ley Especial madrileña.
La mediación del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) no ha logrado que Popular de Juguetes llegue a un acuerdo con Jesmar. Ayer, la dirección de la juguetera de Biar anunció la conversión del expediente temporal que afectaba a sus 84 trabajadores en despidos. Jesmar anunció que baja la persiana.
El Gobierno vasco abrirá a finales de verano el Centro de Gestión de Tráfico de Euskadi, una instalación cuya puesta en marcha se ha demorado por el enfrentamiento con las diputaciones sobre esa competencia. El centro, instalado en Bilbao, está funcionando ya en pruebas y ha supuesto una inversión cercana a los 24 millones de euros.
