Gallardón recorta su reclamación de más ingresos en el borrador de Ley Especial

El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente el próximo viernes la Carta Municipal de Barcelona, y a partir de ese momento el Ayuntamiento de Madrid espera tener el campo despejado para que José Luis Rodríguez Zapatero apruebe también la Ley Especial madrileña. Ambos proyectos legales reclaman básicamente lo mismo: más dinero y algunas competencias nuevas. Pero el equipo de Alberto Ruiz-Gallardón, alertado por lo "poco" que ha conseguido Barcelona -según interpretan en el Ayuntamiento- ha decidido rebajar sus reivindicaciones económicas: sigue pidiendo un porcentaje mayor sobre los impuestos estatales, pero ya no fija la cifra y, además, renuncia a ingresar 360 millones de euros más el primer año.

El primer borrador de Ley Especial para Madrid, elaborado en otoño de 2004 por Juan Bravo, concejal de Hacienda, tenía una reclamación principal: que el Gobierno cediera al Ayuntamiento el 10% del dinero recaudado por IRPF en Madrid, el 20% de los impuestos especiales (tabaco, alcohol e hidrocarburos) y el 30% del IVA (ahora sólo recibe entre el 1,5% y el 2% de esos tributos estatales). A cambio, renunciaba a percibir la transferencia fija de 1.000 millones de euros que ahora recibe anualmente.

Bravo consideraba que con ese cambio la capital salía ganando, porque la transferencia fija que aporta el Estado casi no varía año a año, mientras que la economía madrileña crece a razón del 6% o el 7%. Y calculaba esa ganancia: 360 millones de euros más cada año para poder afrontar los gastos extras de "capitalidad, centralidad y suplencia [prestación de servicios que competen a otras administraciones]" que tiene Madrid.

Pero la experiencia de Barcelona ha llevado a los madrileños a rebajar sus aspiraciones: "Nosotros redactamos el borrador siguiendo casi literalmente lo que pedía Barcelona. Ni más ni menos. Y el Ministerio de Administraciones Públicas no le ha concedido la participación en impuestos estatales que pedía", explican responsables de la Concejalía de Hacienda. Por eso, muchas cifras han desaparecido del texto que pretende negociar Ruiz-Gallardón con el Ejecutivo central. El Ayuntamiento sigue reclamando la "cesta de impuestos", en lugar de la transferencia fija de 1.000 millones, pero ya no habla de porcentajes concretos ni se especifica cuánto dinero de más quiere recibir Madrid.

"Esos porcentajes van a estar en blanco: negociaremos desde cero con el ministerio, y que éste diga cuánto está dispuesto a ceder", señalan desde el Consistorio. El dinero cedido equivaldría, el primer año, a los 1.000 millones que se reciben ahora por transferencia (Ruiz-Gallardón renunciaría, por tanto, a esos 360 millones de ingreso extra), y variaría el segundo año en función de la evolución de la economía madrileña, traducida en recaudación de impuestos. Si es tan boyante como en la actualidad, la jugada le habría salido bien al alcalde.

IVA y población "real"

Eso sí, el equipo municipal trasladará al Gobierno central una pretensión nueva: el dinero que finalmente se ceda sobre la recaudación por IVA deberá fijarse en función de la población "real" que consume y paga IVA en Madrid: según el Ayuntamiento, casi cinco millones de personas, y no sólo los 3,1 millones que tienen residencia en la capital.

"En Madrid viven 3,1 millones de personas, pero entre las que viven en las afueras y vienen a trabajar cada día, o usan el aeropuerto y los intercambiadores de transportes de la capital, o simplemente se acercan a Madrid a cenar o ir al cine, suman 1,8 millones más. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de calcular la financiación", sostienen los responsables municipales.

La reclamación sobre la cesta de impuestos no es el único punto del proyecto de Ley Especial (aunque sí el fundamental). El Ayuntamiento también pide una serie de competencias que ahora no tiene -y que se mantienen en el nuevo borrador-: sobre todo en materia de seguridad vial, policía científica, mayor facultad para decidir expropiaciones forzosas... Y más capacidad normativa sobre sus propios impuestos: planea, por ejemplo, convertir el principal tributo municipal, el IBI -que grava la posesión de un inmueble- en un impuesto progresivo (aplicaría un tipo impositivo mayor a las casas con más valor catastral), y quiere cobrar un 50% más en impuesto de plusvalía a quien venda solares no edificados o a quien los traspase antes de un año, "para combatir la especulación con el suelo".

La Ley Especial es una de las últimas bazas que maneja Ruiz-Gallardón para aumentar los ingresos del Ayuntamiento y poder afrontar así el coste de las grandes obras que está acometiendo en Madrid. El alcalde ha prometido que ni en 2006 ni en 2007 volverá a subir los impuestos (aunque sí las tasas, como la grúa y los parquímetros), y la deuda de la capital, la más alta de las ciudades españolas, ya ha superado el tope legal permitido.