El Ayuntamiento quiere empezar a negociar con el Gobierno en septiembre

Madrid y Barcelona llevan años intentando que el Gobierno central les dote de una normativa que reconozca su particularidad y les ceda más dinero para afrontar el coste que supone atender a un gran número de población flotante. Madrid, además, soporta los gastos derivados de su condición de capital de España. Pero en la recta final de esa carrera, Barcelona se ha adelantado: ha logrado que el Gobierno apruebe su proyecto de Carta Municipal -lo hará, previsiblemente, este viernes- tras más de diez meses de negociaciones bilaterales con el Ministerio de Administraciones Públicas, y previo acuerdo con la Generalitat.

El gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón confía, no obstante, en que sus conversaciones con el ministerio serán mucho más rápidas y que la Ley Especial de Madrid también podrá entrar en vigor en enero de 2006. "A eso se comprometió el presidente Zapatero en el Senado, y yo confío en su palabra", dijo hace semanas el concejal madrileño de Hacienda, Juan Bravo. Fuentes del gobierno municipal confirmaron ayer que los primeros contactos sobre cuestiones secundarias ya se han producido, y que esperan poder empezar a hablar de financiación en septiembre.

Pero antes el Ayuntamiento deberá llegar a un consenso sobre el borrador de ley con el Gobierno regional de Esperanza Aguirre, algo que el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, planteó como indispensable el pasado junio. Ese acuerdo con Aguirre está "prácticamente cerrado", según la Concejalía de Hacienda, toda vez que el Ayuntamiento ha renunciado al punto que más recelo despertaba en el Ejecutivo regional: la creación de "comisiones de cooperación" que presidiría el alcalde.

El otro frente de negociación está en el seno del propio Ayuntamiento de Madrid: el PP lleva cinco meses tratando de conseguir que PSOE e IU respalden su borrador de ley, hasta ahora en vano.